Foto: Archivo Referencial
Según se evidencia en un documento entregado desde la Procuraduría General de la Nación dirigido hacia el presidente del Senado, el congresista Lidio García, en el que se le pidió que continuase con el proceso entorno al trámite del proyecto que le entregaría 16 curules a las víctimas del conflicto armado, mismo que se cayó en su último debate por la diferencia de un voto en 2017.
El Ministerio Público explicó que para ellos “fueron suficientes” los votos que recibió esta iniciativa, para entender que esta propuesta debía ser aprobada y llevada a sanción presidencial; recordando que en su momento, el proyecto de ley tuvo 50 votos a favor y siete en contra, por lo que desde el pasado diciembre se le dio al presidente García un “espaldarazo” para que tomara las decisiones necesarias “en orden a continuar con el trámite del aludido proyecto”.
La polémica entorno a este, aparentemente, “hundido” proyecto se debe a que el año pasado la Corte Constitucional estableció que el hecho con el que se fundamentó una caída de la iniciativa en el Senado no podría ser válido, ya que según el alto tribunal el quórum que se debe pactar para validar una votación no puede contemplar las sillas vacías o los impedidos a ejercer el escrutinio.
Cabe recordar, que en su momento no había entrado en vigor el partido Farc, por lo que el Senado lo componían 102 congresistas y el quórum en ese entonces estaba establecido en un mínimo de 51 curules, por eso es que han existido diferentes hipótesis en contra y a favor de que esta iniciativa pueda revivir y darle un puesto a las víctimas, tal y como se pactó en el acuerdo de paz de 2016.
Sin embargo, desde una parte del Gobierno, el alegato de la Corte y por ende, el del presidente del Senado, no pueden ser válidos, pues el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, considera que la ley en la que se fundamentan se estableció en 2019, no puede tener validez en una decisión que se tomó en años anteriores.
