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Este miércoles, durante la reunión de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, el relator especial para la situación de los defensores de derechos humanos en Colombia, Michel Forst, entregó el balance con respecto a la violencia y los asesinatos en contra de los líderes sociales en nuestro país, mismo informe que no fue bien tomado por parte de la jefe del ministerio de Relaciones Exteriores, Claudia Blum, que en las últimas horas se pronunció al respecto.
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“Que nos visiten con la expectativa de que contribuyan al avance nacional en DDHH”, es la manera como la canciller inicia su discurso emitido a través de las redes sociales de este ministerio, haciendo antesala a la presentación del relator Forst, sobre su visita a nuestro territorio el pasado mes de noviembre de 2018.
“Reconoce la voluntad política y las iniciativas del Gobierno para crear un entorno seguro y adecuado para la defensa de los derechos humanos”, señala Blum.
Sin embargo, posterior a ello arroja cinco críticas en contra de este informe, pues no reflejan “objetividad e integridad” en los aspectos de la “supuesta” criminalización estatal de los líderes sociales, pues este se concibe como una “acusación inadmisible” que estaría desconociendo las garantías que entrega el Gobierno Nacional para con los “procesos administrativos y judiciales”.
Por otra parte, Blum rechazó la acusación de que algunos “cuerpos de seguridad estatales” estarían trabajando de la mano con grupos armados ilegales que atemorizan y protagonizan los crímenes en contra de la población, en especial de los defensores de DDHH, pues para la canciller estos serían señalamientos “sin sustento” en algún tipo de investigación verificada.
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Además de esto, la jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores pide a los representantes de las Naciones Unidas que llegan al país a realizar monitoreos, verificación y apuntes sobre las labores que se realizan acá, se hagan desde el cumplimiento del Código de Conducta que expide la misma organización no gubernamental.
“Primero, establecer hechos sobre la base de información objetiva y fidedigna, de fuentes contrastadas debidamente; y segundo, como tener en cuenta de forma íntegra y oportuna la información proporcionada por el Estado”, finalizó la canciller colombiana.
Esta situación de rechazo sobre los informes que entregan las oficinas de la ONU, con sede en nuestro país, no han sido bien recibido por parte de diferentes sectores del Gobierno, recordando que la semana pasada los señalamientos se hicieron al reporte emitido por parte de la oficina de la Alta Comisionada para las Derechos Humanos.
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