La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de extinción de dominio a 58 bienes, avaluados inicialmente en 150 mil millones de pesos, que estarían a nombre de los involucrados en varios hechos de corrupción ocurridos en San Andrés o habrían servido para respaldar las maniobras ilegales que pusieron en riesgo más de 120 mil millones de pesos del departamento. En las diligencias fueron incautados cerca de 400 millones de pesos.
La operación ‘Diez… Por ciento’ avanza en su segunda fase con el propósito de identificar y afectar los activos de los involucrados en un esquema de corrupción, en el que un grupo de constructores hizo aportes a campañas políticas o retribuyó el 10% de sus contratos a cambio de que los mandatarios locales le adjudicaran proyectos viales, sociales y de desarrollo.
Según la Fiscalía, en esta etapa ha sido impactado el patrimonio de algunos de los contratistas y exfuncionarios de Armenia (Quindío), ciudad en la que inicialmente la Fiscalía descubrió las maniobras ilícitas. Ahora, los esfuerzos del equipo de fiscales y peritos se concentran en San Andrés Islas, departamento que también fue afectado en sus finanzas a través de la presunta entrega irregular de las obras de construcción de megacolegios y edificios públicos, y mantenimiento de inmuebles para puntos turísticos, entre otras.
El rastreo realizado por la Fiscalía General de la Nación permitió detectar 58 bienes (51 inmuebles, 4 sociedades y 3 establecimientos de comercio) que estarían a nombre de los funcionarios o particulares investigados por los hechos de corrupción en el archipiélago o habrían estado al servicio de los consorcios contratistas.
Con la información sobre el posible origen o destinación ilícita de los bienes, una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares sobre ellos. Las diligencias de ocupación se cumplieron en el transcurso de la semana en municipios de Antioquia, San Andrés y Bogotá, y contaron con el apoyo de personal de policía judicial del CTI de la Fiscalía, Ejército Nacional, Armada Nacional y Policía Nacional.
