Foto: Anadolu
Aunque la pandemia de COVID-19, el confinamiento generalizado para evitar contagios y la saturación de servicios de salud han afectado a todos los sectores de la sociedad, hay uno en particular que ha sentido un peso adicional: la población en situación de discapacidad.
Yolanda Montañéz, una joven colombiana de 30 años que vive en un alejado sector del suroriente de Bogotá, es un claro ejemplo de ello. Ella padece cuadriplejia espástica, la forma más grave de parálisis cerebral, y una gastritis severa que requiere tratamiento con medicamentos.
Por ello, su caso es doblemente inquietante. Antes de la pandemia ella recibía cuatro terapias físicas por mes. También tomaba otros fármacos para los intensos dolores (tramadol), infección urinaria (nitrofurantoína) y para poder dormir (levomepromazina), y tenía una enfermera asignada para apoyar a su cuidadora.
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A pesar de las constantes comunicaciones con su empresa de salud (Capital Salud), desde mayo no ha recibido medicamentos ni atención por parte de un especialista ni sus terapias, por lo que su familia ha tenido que arreglárselas con sus propios medios.
Marlén Montañéz, madre de Yolanda, relata que también ha radicado varias cartas a la Superintendencia de Salud, a la Personería y al Instituto prestador de salud (IPS) Proseguir, pero no ha obtenido resultados.
“La verdad no sé qué hacer. Yo ya he colocado varios desacatos, ella tiene una tutela, y sigue igual, sigue por las mismas… Ya no sé qué hacer”, dice con preocupación. Anadolu
