La Justicia Especial para la Paz (JEP) pidió a la Gobernación de Antioquia, a las Empresas Públicas de Medellín (EPM) y a la fundación Socya información acerca de la búsqueda de personas desaparecidas en municipios aledaños a la hidroeléctrica en construcción de Ituango.
La petición se basa en una solicitud de medidas cautelares promovidas por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) “que procura el cuidado, la protección y la preservación de 16 lugares del territorio” colombiano en los que se sospecha que pueden estar enterrados cuerpos de desaparecidos, detalló la JEP en un comunicado.
Esos puntos están ubicados en los departamentos de Antioquia, Caldas, Cesar, Santander y Sucre, en los que se sospecha que hay cuerpos enterrados de posibles víctimas del delito de desaparición forzada durante el conflicto armado colombiano.
Específicamente y dentro del departamento de Antioquia, en el que está Hidroituango, hay varios puntos ubicados en Medellín, Tarazá, Ituango, Valdivia, Cáceres, Yarumal, Nechí, Peque, Briceño, San Andrés de Cuerquia, Liborina, Sabanalarga, Toledo, Olaya, Buriticá, Betulia y Puerto Berrío.
Además, la JEP solicitó al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, información sobre la búsqueda de personas desaparecidas en la Comuna 13 de esa ciudad, específicamente en los puntos denominados “La Escombrera” y “La Arenera” en los que se sospecha hace años que pudieron ser enterradas personas desaparecidas.
La Comuna 13, una popular barriada en la que viven unas 130.000 personas, muchas de ellas en condiciones de pobreza, ha sido escenario frecuente de conflicto armado.
Además, la JEP abrió un procedimiento para tomar medidas correccionales contra los alcaldes de San Onofre, Nechí y Cáceres que desobedecieron una orden impartida en noviembre pasado para avanzar en el hallazgo de personas desaparecidas.
