Para el próximo 23 de febrero del 2022 quedaron programadas las audiencias de imputación de cargos del empresario Emilio Tapia y otras cuatro personas que estarían involucrados en las irregularidades encontradas en el contrato suscrito entre el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados, el cual buscaba llevar internet a las zonas rurales del país pero en el que se perdieron 70.000 millones de pesos que fueron entregados como anticipo.
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Además del ya mencionado Emilio Tapia, quien permanece preso, los otros implicados son Ottomar Lascarro Torres, Juan Carlos Cáceres, el representante legal de la UT, Luis Fernando Duque; y el representante de la empresa Rave Agencia de Seguros, Juan José Laverde.
La Fiscalía General de la Nación informó que estas personas serán acusadas por los delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.
Cabe recordar que este escándalo le costo hace algunos meses el puesto a la ministra de las TIC, Karen Abudinen, que en las últimas semanas se presentó ante la Corte Suprema de Justicia para dar su testimonio de lo ocurrido.
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Igualmente, hace algunos días el Fiscal General, Francisco Barbosa, anunció que no se descarta que en las próximas semanas se realicen más capturas por este caso.
