El Ministerio Público presentó un informe en el que se advierte de posibles falencias ante denuncias que habían interpuesto los padres.
La Procuraduría General de la Nación presentó un informe en el que advirtió sobre posibles falencias por parte de las autoridades en algunas actuaciones administrativas de restablecimiento de derechos y de medida de protección por violencia intrafamiliar en favor de Gabriel Esteban González Rodríguez, de 5 años de edad y quien fue asesinado presuntamente por su padre en una habitación de un hotel de Melgar, en Tolima.
De acuerdo con el informe, en varias denuncias Gabriel Cubillos, padre del menor, manifestó descuidos, abandonos y maltratos hacia el niño por parte de su madre, Consuelo Rodríguez. Además, la mujer también había realizado varias denuncias porque supuestamente su expareja ejercía violencia contra ella por “tener una nueva relación”.
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La denuncias, que fueron puestas en la Defensoría de Usme, alertó a una funcionaria que, siguiendo el respectivo protocolo, dio el traslado para que se diera continuidad al proceso y de esta manera se continuara con la atención que se venía prestando.
“Se debió explorar la dinámica familiar y la existencia de otras actuaciones administrativas de restablecimiento de derechos en favor del núcleo familiar y las eventuales afectaciones por los hechos de violencia psicológica referida por la víctima”, explicó el Ministerio Público.
La Procuraduría señaló que ambos padres, al parecer y según los hallazgos, sometían a Gabriel a tratos por los que se les tenía que quitar la custodia del menor, acción que finalmente no se concretó y culminó con la tragedia del asesinato del niño.
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“Se observa que no existieron medidas de protección en favor del niño Gabriel Esteban González Rodríguez por parte de la Comisaría de Familia Quinta – Usme 1 de Bogotá, en razón a que no hubo manifestación expresa de violencia denunciada por la progenitora”, dice en el informe.
Por último, el ente insta a que se investiguen las actuaciones y se verifique si las autoridades administrativas que actuaron en este caso “pudieron haber faltado a la debida diligencia”.
