Felipe Tascón, director del PNIS, aseguró que entre otras cosas se debe cambiar el centralismo para mejorar la problemática e ir hasta los territorios afectados.
“Ni erradicar ni repartir plata” ha resultado efectivo para afrontar el problema de los cultivos de coca, asegura el director del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), Felipe Tascón, quien defiende que Colombia necesita la “industrialización” en las regiones para dar alternativas a los cocaleros.
Tascón, que llegó este mes a dirigir uno de los organismos del Gobierno resultante del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, detalla en una entrevista con EFE el nuevo rumbo del PNIS y los desafíos que tendrá en una entidad que ha perdido crédito con los años.
De hecho, es consciente de que para que su propuesta funcione tienen que “garantizar la confianza” de los campesinos tras el “desprestigio” derivado del incumplimiento de lo que se prometió en los últimos cuatro años, algo para lo que plantea un cambio fundamental: “Pasar de un programa concebido de una manera asistencialista a un programa de desarrollo en los territorios”.
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El PNIS arrancó en 2017 con un plan de adhesión voluntaria de los campesinos colombianos que querían dejar atrás los cultivos ilícitos para empezar una nueva vida en la legalidad con proyectos productivos, con ayuda económica y asistencia técnica del Gobierno.
Sin embargo, las quejas de incumplimiento se multiplicaron y en los últimos años los cultivos de coca aumentaron.
El Gobierno del presidente Gustavo Petro ha defendido una aproximación radicalmente diferente a la propuesta anterior respecto a los cultivos ilícitos, planteando incluso comprar los excedentes de coca a los campesinos y la promesa de acabar con la erradicación forzada.
SIN CENTRALISMO NI ASISTENCIALISMO
La nueva dirección del PNIS propone “cambios operativos logísticos” y modificar la forma de buscar soluciones al problema de la coca, que hasta ahora ha sido “absolutamente centralista, de espaldas a la realidad que hay en el territorio”. De hecho, la prioridad será “trabajar con las organizaciones rurales de las familias cultivadoras”, en palabras de Tascón.
El funcionario defiende “una interpretación diferente a la que ha sido la tradicional”: la coca “siempre se ha visto como un problema policial, judicial” que pone a los campesinos como “delincuentes”.
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“Para nosotros, los campesinos no son delincuentes, sino que se han visto obligados a llegar a estos cultivos en la ilegalidad conscientes de que es la manera de conseguir recursos para su supervivencia”, continúa Tascón, quien lamenta que aunque “querían acogerse” (al PNIS) muchos más, “fue el Estado el que cerró la llave y paró”.
Por eso, ahora buscan impulsar una “industria asociativa en cada vereda”, y no seguir con el asistencialismo que le daba “un cerdo, cuatro gallinas o un bulto de alambre a cada familia, porque eso no sirve”. Por su parte, han pedido a los campesinos que se comprometan a “no ampliar la frontera agrícola” para evitar que empiecen a sembrar más cultivos con la intención de acogerse al programa.
DESAFÍOS
Una de las principales quejas de los cocaleros que se adhirieron al PNIS es que no llegaron los recursos que se les prometieron, algo que para Tascón fue una “absoluta sorpresa”.
“El primer papel que me pusieron a firmar cuando llegué a esta oficina fue para que cinco familias (recibieran) la llamada asistencia alimentaria, que se supone que era lo que tenía que caer en el primer año”, cuenta.
El PNIS tendrá que hacer frente a estos incumplimientos mientras afronta otros retos, entre ellos la ventaja del cultivo de coca, que “se procesa en el campo” y que, una vez procesada, es fácil de transportar, al contrario, por ejemplo, de un kilo de chontaduro.
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“El producto de una hectárea por cosecha de chontaduro necesita un camión en donde no hay vías donde o el transporte es fluvial”, sumando unos “costos enormes”, detalla Tascón.
Por tanto, el reto será, en una articulación que implicará a todos los órganos del Gobierno, que el Estado llegue a todos estos territorios donde actualmente no llega. “Esa es la realidad que tenemos: la falta de presencia del Estado”, que implica falta de infraestructura y servicios.
“Es obvio que no es algo que se construye de la noche a la mañana, que no vamos a lograrlo en todas partes en los cuatro años del Gobierno del presidente Petro, pero tenemos que arrancar”, concluye Tascón, realista pero con confianza en que este nuevo enfoque logrará enfrentar el problema de la coca en Colombia.
