El presidente anunció que apelará la decisión del Consejo de Estado que suspendió el decreto con el que pretendía asumir la regulación de servicios públicos.
El presidente Gustavo Petro anunció que apelará la decisión del Consejo de Estado que suspendió el decreto con el que el máximo mandatario buscaba asumir el control de la regulación de los servicios públicos en el país para, según dijo, bajar el precio de los mismos.
El jefe de Estado aseguró que su Gobierno respeta todas las decisiones de las diferentes autoridades pero apelará la determinación tomada por el alto tribunal.
“Utilizaremos todos los recursos jurídicos que dispongamos ante el Consejo de Estado”, dijo.
Mi gobierno respetará, como es lo básico en un estado de derecho , la decisión del magistrado Serrato de suspender mis funciones constitucionales respecto a los servicios públicos.
Sin embargo, utilizaremos todos los recursos juridicos que dispongamos ante el Consejo de Estado.
El Consejo de Estado tomó la decisión al resolver una demanda presentada por dos ciudadanos quienes pedían anular el decreto al considerar que el documento fue expedido irregularmente toda vez que el jefe de Estado no podía asumir funciones que le son propias al Congreso.
En concordancia, el Consejo de Estado informó que decretó “la medida cautelar de urgencia de suspensión provisional de los efectos jurídicos del Decreto 227 del 16 de febrero de 2023” por medio del cual “se reasumen algunas de las funciones Presidenciales de carácter regulatorio en materia de servicios públicos domiciliarios”.
Las comisiones de regulación de los servicios públicos domiciliarios, amparadas en la decisión judicial, seguirán ejerciendo todas las funciones que le fueron asignadas.
El pasado 26 de enero el presidente Petro anunció que iba a asumir “directa y personalmente” el control de las políticas de administración y control de los servicios públicos domiciliarios, una decisión que tomó “en función de los usuarios”.
Igualmente explicó que esta decisión está fundamentada en el artículo 370 de la Constitución, que le permite al presidente “señalar con sujeción a la ley las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios y ejercer, por medio de la Superintendencia de Servicios Públicos, el control, la inspección y vigilancia de las entidades que los prestan”.
