La JEP determinará si acepta o no a Mancuso en la justicia transicional.
La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, fijó para los próximos 10, 11, 15 y 16 de mayo las audiencias públicas en las que el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso podrá hacer aportes a la verdad sobre el conflicto armado para que ese tribunal valore si puede acceder a la justicia transicional.
“Esta diligencia será definitiva para determinar si se acepta o no el sometimiento de Mancuso a la JEP en calidad de sujeto incorporado funcional y materialmente a la fuerza pública”, indicó ese tribunal en un comunicado difundido este jueves.
Mancuso, que paga una condena por narcotráfico en Estados Unidos, deberá conectarse virtualmente a la audiencia ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP y ante representantes de víctimas del departamento de Córdoba, que asistirán a la diligencia en Montería, la capital regional, en calidad de escuchas.
La JEP espera que el exjefe paramilitar haga aportes “presentes, efectivos y suficientes a la verdad plena”, que superen lo ya conocido por la justicia ordinaria y por la Ley de Justicia y Paz, base de la desmovilización en 2006 de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Todo lo que niegue o afirme Mancuso será contrastado por los magistrados de la sala para determinar si es aceptado en la JEP para acceder a los beneficios de la Justicia transicional, agregó la información.
Montería, la ciudad donde se llevará a cabo la audiencia, fue escogida por ser una de las regiones sobre las que se espera que Mancuso presente aportes de verdad sobre “graves crímenes y violaciones a los derechos humanos”.
Mancuso, que fue el último jefe de las AUC, fue extraditado en 2008 a EE.UU., donde fue condenado por delitos relacionados con narcotráfico y espera volver a Colombia, donde debe responder por numerosos crímenes pero la orden de retorno está parada por el coronavirus.
Para eludir esa responsabilidad, además de pedir ser devuelto a Italia, país del cual también tiene nacionalidad, Mancuso ha solicitado en varias ocasiones someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que contempla penas no privativas de libertad si los acusados dan suficiente verdad y reconocimiento de los crímenes cometidos.
Pese que la JEP lo inadmitió por su rol de paramilitar, pues su jurisdicción es la de juzgar a la guerrilla de las FARC y a agentes del Estado, en febrero pasado ese tribunal le abrió la puerta para que declare como una oportunidad para contribuir la verdad sobre hechos ocurridos durante el conflicto armado colombiano.
