El Tribunal Administrativo de San Andrés condenó al Estado por la masacre de El Salado, en Carmen de Bolívar, que ocurrió en febrero del año 2000 por parte de un grupo paramilitar que azotó la zona durante tres días sin ser alcanzados por las autoridades.
Por tanto, el Tribunal ordenó el pago de una indemnización por más de 22 mil millones de pesos, ya que se trató de homicidios en contra del Derecho Internacional Humanitario, esto al tener en cuenta que las víctimas “fueron golpeadas, amenazadas y sometidas de amera degradante y arbitraria, delante de familiares, vecinos y amigos, para luego separarlos de ellos, retenerlos en contra de su voluntad y asesinarlos cruelmente”.
Además, el juzgado dijo que tras los años se pudo comprobar que las personas que fallecieron en la aberrante situación no participaron en el conflicto armado, en cambio fueron puestos en estado de indefensión para luego ser asesinados.
El fallo entonces obliga a la Nación a que pague la suma a las víctimas del brutal hecho que dejó 33 personas muertas hace 19 años, caso que ahora revivió en la justicia colombiana gracias a la reparación interpuesta por un hombre en representación de las familias afectadas.
