El expresidente lleva años insistiendo en que se trata de un caso contra él que tiene motivaciones políticas y carece de pruebas.
El expresidente Álvaro Uribe se retiró de una audiencia preparatoria del juicio en su contra por los delitos de soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal, alegando falta de garantías, pues dijo que su defensa no recibió con tiempo las evidencias físicas y pruebas del caso.
“La estrategia de la defensa para llegar a una audiencia preparatoria en muy buena parte depende de lo que encuentre ese peritazgo, entonces aquí están afectando un derecho fundamental que es la estrategia de la defensa (…) Me han negado las pruebas y debo retirarme de esta audiencia, señora juez”, expresó Uribe en la audiencia.
La defensa de Uribe había pedido aplazar una semana la audiencia porque no había recibido la “copia espejo ni fuente original y un celular aportado por una de las alegadas víctimas”.
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“La defensa y su equipo de investigación y expertos han actuado con diligencia y respeto ante la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia a fin de obtenerlas. Sin embargo, con ocasión de los trámite internos de esta última (…) sólo se pudo completar la entrega el lunes 30 de septiembre al finalizar la tarde”, señaló Jaime Granados, uno de los abogados del expresidente, en un comunicado.
El letrado consideró que la petición de aplazamiento era “legítima y razonable” y buscaba garantizar los derechos a la defensa y la materialización del principio de igualdad de armas de Uribe.
“En estas circunstancias, la defensa no puede convalidar con un silencio cómplice ni una actitud pasiva que se violen los derechos y garantías del doctor Uribe Vélez como procesado”, señaló Granados, quien advirtió que presentará una acción de tutela (recurso de amparo) para pedir unas medidas cautelares que suspendan “la actuación penal en esta etapa” hasta que se resuelva “la vulneración de derechos fundamentales”.
Caso que arrancó en 2012
La larga querella se remonta a 2012 cuando Uribe, que era senador, demandó por supuesta manipulación de testigos al congresista de izquierdas Iván Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.
Contrario a lo esperado por Uribe, la Corte Suprema de Justicia no abrió investigación contra el congresista de izquierdas y, en cambio, le inició un proceso al exmandatario por manipulación de testigos.
La acusación por soborno tiene que ver con el presunto pago de coimas a Carlos Enrique Vélez y Juan Guillermo Monsalve, que están presos en las cárceles de Palmira, y La Picota en Bogotá, respectivamente.
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Monsalve, un exparamilitar, aseguró que hubo toda una estrategia para aproximarse a él y convencerlo de declarar contra Cepeda.
El expresidente lleva años insistiendo en que se trata de un caso contra él que tiene motivaciones políticas y carece de pruebas.
Uribe renunció en agosto de 2020 a su escaño de senador para dejar de estar aforado y que su caso pasara a la Justicia ordinaria y entonces la Fiscalía decidió que no había pruebas para perseguirlo judicialmente.
Por ello solicitó hasta en dos ocasiones la preclusión del caso, que fue negada tanto por los juzgados de primera instancia presentados como por el Tribunal Superior de Bogotá, hasta que este año la Fiscalía decidió acusar al exmandatario, que gobernó Colombia entre 2002 y 2010.
EFE
