La medida afecta a cinco sargentos, quienes hicieron parte de la brigada de inteligencia del Ejército.
Un mayor general retirado del Ejército y dos coroneles irán a juicio por su presunta participación en la tortura a civiles durante el asalto guerrillero al Palacio de Justicia en Bogotá en 1985, que dejó 94 muertos, entre ellos once magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.
Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia profirió resolución de acusación contra nueve exintegrantes del Ejército “por su presunta participación en los actos de tortura contra civiles, que equivocadamente fueron señalados como ‘sospechosos’ durante los hechos del Palacio de Justicia”, informó hoy el ente acusador.
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El 6 y 7 de noviembre de 1985, las fuerzas del Estado recuperaron a sangre y fuego el Palacio de Justicia, tomado por la entonces guerrilla del M-19 con el fin de hacer un juicio político al presidente de la época, Belisario Betancur (1982-1986), por el incumplimiento de los acuerdos de paz de 1984.
Durante la operación, se utilizó la Casa del Florero, situada al lado de la sede judicial, como centro de inteligencia y de detención provisional.
La Fiscalía dijo en un comunicado que entre los llamados a juicio como “coautores impropios del delito de tortura agravada” está el mayor general Iván Ramírez Quintero, quien para la época era coronel y se desempeñaba como director del Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia.
Además, se acusa a los coroneles Edilberto Sánchez Rubiano, entonces comandante de la Unidad de Inteligencia (B-2) de la Brigada XIII del Ejército; y Fernando Blanco Gómez, exsubcomandante del B-2; al igual que al mayor Óscar William Vásquez.
La medida afecta a cinco sargentos, quienes hicieron parte de la brigada de inteligencia del Ejército.
Las víctimas
La investigación indicó que estos oficiales y suboficiales, en ejercicio de sus cargos, supuestamente estuvieron “involucrados en el trato cruel y degradante que recibieron 11 personas que fueron trasladadas a la Casa del Florero, a instalaciones militares y de la Policía, con el supuesto de que estarían vinculadas a la toma al Palacio de Justicia”, detalló hoy la Fiscalía.
Entre las víctimas hay dos estudiantes de derecho de una universidad privada de la ciudad que visitaban la sede judicial quienes, al igual que la mayoría de afectados, fueron rescatados en medio del intercambio de disparos entre la fuerza pública y miembros del M-19, y llevados a diferentes lugares para ser interrogados en medio de humillaciones, antes de quedar en libertad.
Otro de los civiles torturados era un funcionario de obras públicas que se desplazaba en un bus rumbo a Zipaquirá, en el departamento de Cundinamarca.
“Este hombre fue interceptado en un retén, tildado como guerrillero, conducido a la Escuela de Caballería del Ejército Nacional, golpeado y trasladado a la cárcel La Modelo de Bogotá donde permaneció detenido durante 15 días”, añadió la información de la Fiscalía.
La decisión emitida por la Fiscalía es de primera instancia y en su contra proceden los recursos legales.
EFE
