La Fiscalía indicó que se trata de una etapa preliminar y que no hay personas vinculadas formalmente al proceso.
La Fiscalía abrió una investigación preliminar por la muerte de Kevin Acosta, un niño de siete años diagnosticado con hemofilia al que el sistema de salud dejó de suministrarle los medicamentos, un caso polémico por las fallas en el tratamiento y por la reacción del presidente Gustavo Petro.
Fuentes de la Fiscalía confirmaron a la Agencia EFE que la actuación “está a cargo de un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá”, que asumió la verificación de los hechos para determinar si existió alguna conducta penalmente relevante relacionada con el fallecimiento del menor.
El niño murió el pasado viernes en Bogotá luego de dos meses de angustiosa espera de su madre, Katherine Pico, para que el sistema público de salud le suministrara el medicamento Emicizumab, que necesitaba con urgencia para controlar la hemofilia, condición que se agravó tras caerse de su bicicleta.
Tanto Petro como su ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, han responsabilizado del fallecimiento a la madre del menor, por permitirle andar en bicicleta, pero no han manifestado su solidaridad con la familia o voluntad de investigar las razones por las cuales la empresa prestadora de salud Nueva EPS, intervenida por el Gobierno, dejó de suministrarle al niño la medicina que recibía desde los nueve meses de nacido.
Le puede interesar: Acusan a dos jóvenes por asesinar a Jaime Moreno en la noche de Halloween
Ante la controversia, el procurador general, Gregorio Eljach, hizo este jueves un llamamiento público a los altos funcionarios del Estado para que actúen con “sensibilidad” y “respeto por el dolor ajeno”.
“Me refiero al triste y lamentable y no reparable fallecimiento del niño Kevin Acosta que mereció unas expresiones que han ofendido y han indignado a los colombianos por la forma fría e incalculada en sus efectos nocivos”, dijo Eljach durante un foro en Bogotá, sin mencionar directamente al presidente ni al ministro de Salud.
En paralelo, la Procuraduría pidió a la Superintendencia Nacional de Salud, entidad estatal encargada de vigilar y controlar el sistema sanitario, tomar medidas sobre la Nueva EPS para garantizar la adecuada prestación de los servicios.
La Superintendencia también vigila y controla a las EPS y puede imponer sanciones o incluso intervenirlas administrativamente cuando presentan fallas financieras o en la prestación del servicio. En esos casos designa agentes interventores que asumen su administración, figura bajo la cual se encuentra actualmente la Nueva EPS.
Información: EFE
