El presidente Gustavo Petro reaccionó a las grabaciones reveladas por Noticias Caracol que exponen reuniones secretas entre funcionarios de su Gobierno y el abogado de Diego Marín, alias ‘Papá Pitufo’, el señalado zar del contrabando en Colombia. El mandatario defendió los acercamientos, pero reconoció que algunos agentes incurrieron en conductas indebidas.
El presidente Gustavo Petro salió a responder este 6 de abril de 2026 al escándalo desatado por la publicación de una investigación de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, que reveló grabaciones de reuniones secretas entre el entonces director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus, y el abogado de Diego Marín Buitrago, conocido como alias ‘Papá Pitufo’, considerado el principal contrabandista de Colombia. La polémica sacude la política colombiana a menos de dos meses de las elecciones presidenciales de 2026.
Qué revelan los audios del escándalo Papá Pitufo
Las grabaciones, obtenidas por Noticias Caracol y que suman más de hora y media de duración, documentan al menos dos encuentros presenciales entre febrero y marzo de 2025. En ellos se escucha al exdirector del DNI discutiendo posibles beneficios judiciales para el contrabandista, algo que la ley no le permite hacer a un organismo de inteligencia. Según el reporte, al menos cuatro emisarios que se identificaban como representantes del Gobierno participaron en estos acercamientos con el entorno de Marín, quien permanece fuera del país en Portugal.
Entre los intermediarios identificados figuran Ramón Devesa, un ciudadano catalán vinculado al gobierno desde la campaña presidencial de 2022, e Isaac Beltrán, exasesor de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), quien admitió públicamente haber participado en una reunión con el entorno de ‘Pitufo‘ en España en abril de 2024. También aparece mencionado Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
La respuesta del presidente Petro al caso Papá Pitufo
A través de su oficina de Comunicaciones Estratégicas, el Gobierno reconoció la existencia de los contactos. La Casa de Nariño sostuvo que todos los acercamientos de inteligencia se autorizaron con un solo fin: facilitar el regreso voluntario de Marín a Colombia para que respondiera ante la justicia nacional. Sin embargo, el mandatario también admitió que durante ese proceso se presentaron conductas irregulares por parte de algunos funcionarios.
Petro señaló que ciertos agentes de inteligencia aprovecharon esas gestiones para solicitar dinero, una conducta que calificó de inaceptable y que derivó en su desvinculación de las entidades del Estado. Según el presidente, esas irregularidades internas habrían sido precisamente el motivo por el cual Marín aún no se encuentra en Colombia respondiendo ante las autoridades.
Adicionalmente, el jefe de Estado planteó una hipótesis de mayor calado institucional: aseguró creer que existió un pacto entre funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y directivos de la DNI para impedir que el señalado zar del contrabando fuera traído al país. El mandatario también cuestionó que la Fiscalía haya limitado su investigación sobre Marín a hechos ocurridos desde 2023, pese a que el contrabandista tendría un historial delictivo de casi cuatro décadas. La Presidencia anunció que no realizará más pronunciamientos sobre el caso.
El terremoto político que generó el escándalo en plena campaña electoral
Las revelaciones encendieron las reacciones en todo el espectro político colombiano. Desde el Centro Democrático, la candidata Paloma Valencia calificó los hechos como un asunto de extrema gravedad institucional y anunció que solicitará a la Fiscalía que el caso sea asumido por un fiscal ad hoc, no por la titular Luz Adriana Camargo. Su partido cuestionó por qué el Gobierno buscó al contrabandista antes que la justicia ordinaria y exigió que no se utilicen los organismos de inteligencia del Estado para encubrir presuntos vínculos entre el crimen organizado y la campaña presidencial de 2022.
La candidata Claudia López también se pronunció y sostuvo que los contactos del exdirector del DNI con el abogado de Marín configuran un abuso de poder del Ejecutivo. Por su parte, el candidato Abelardo de la Espriella anunció acciones legales tras conocerse que Petro habría mencionado supuestos informes de inteligencia relacionados con conversaciones suyas con directivos de la firma Thomas Greg & Sons, encargada de la organización de las elecciones. El aspirante calificó los señalamientos como un montaje y una persecución política.
El escándalo también salpica directamente la campaña del candidato oficialista Iván Cepeda, quien hasta el momento ha guardado silencio sobre el tema. Su fórmula vicepresidencial, Aída Quilcué, pidió que se investiguen los presuntos vínculos. La situación es especialmente sensible porque en 2025 se conoció que Marín habría aportado 500 millones de pesos a la campaña del Pacto Histórico en 2022, el mismo movimiento que respalda hoy la candidatura de Cepeda. El Gobierno nunca presentó el video que supuestamente mostraba la devolución de esos recursos.
Qué sigue en el caso Papá Pitufo
El escándalo está lejos de cerrarse. Diego Marín sigue prófugo de la justicia colombiana y se encuentra en Portugal, donde un tribunal le concedió la libertad condicional mientras tramita una solicitud de asilo político para evitar su extradición. Los organismos de control del Congreso, la Comisión de Acusaciones y varios congresistas de oposición han anunciado que llevarán el caso a debate en las cámaras legislativas. La Fiscalía General de la Nación, señalada tanto por el Gobierno como por la oposición, deberá pronunciarse sobre su actuación. Con 124 días para el final del mandato constitucional de Petro y a menos de dos meses de las elecciones presidenciales, el caso promete convertirse en uno de los ejes del debate político en las próximas semanas.
Para más información consulte nuestras noticias internacionales y noticias de Colombia.
