El sindicato del Ministerio de la Igualdad y Equidad tomó el despacho de la cartera en Bogotá D.C., argumentando presuntas irregularidades en el proceso de liquidación institucional. Según los trabajadores, la administración del ministro Luis Alfredo Acosta Zapata habría impartido la orden de finalizar los contratos que los vinculan a la entidad, a tan solo dos meses del plazo constitucional del 20 de junio de 2026 para el cierre del ministerio.
La acción de hecho se registró en la sede de la cartera, ubicada en Bogotá D.C., en medio de la incertidumbre que rodea el futuro del Ministerio de la Igualdad. Desde su creación mediante la Ley 2281 de 2023, el ministerio ha enfrentado una crisis institucional sostenida: cuatro ministros en menos de tres años, baja ejecución presupuestal y múltiples denuncias de irregularidades contractuales. La Corte Constitucional declaró inexequible su ley de creación en mayo de 2024 y fijó el 20 de junio de 2026 como fecha límite para que el Congreso defina su continuidad o se produzca el cierre definitivo.
Los trabajadores afiliados al sindicato —identificado en registros previos como Sunet, organización que ya había denunciado presuntas prácticas irregulares en administraciones anteriores— señalaron que la orden de terminar los contratos se produjo sin las garantías laborales exigidas por la ley. La medida de ocupar el despacho buscaba visibilizar su situación ante la opinión pública y presionar a la dirección de la cartera para que suspendiera el proceso hasta tanto se resolvieran los cuestionamientos.
El contexto presupuestal agrava la situación. Según datos oficiales del ministerio, el presupuesto total asignado para 2025 superó los 455.775 millones de pesos, pero los pagos efectivos apenas representaron el 23,56 % al cierre de ese año. La Contraloría General de la Nación también alertó sobre la baja ejecución del FonIgualdad: de 1,9 billones de pesos asignados en 2024, solo se pagó el 3,08 %. Ese escenario de contracción financiera es el telón de fondo sobre el cual se produciría la orden de finalización de contratos denunciada por los trabajadores.
La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, había advertido en enero de 2026 sobre la vinculación de más de 3.304 trabajadores temporales a través de cuatro contratos por 70.582 millones de pesos con la empresa Laborando S.A.S., suscritos entre septiembre de 2025 y mayo de 2026. La legisladora calificó la situación como un “derroche de burocracia” en plena campaña electoral. Ahora, con los plazos contractuales venciendo, varios de esos trabajadores quedarían sin vinculación.
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Ministerio de la Igualdad: cuatro ministros y una crisis institucional acumulada
Desde la salida de la vicepresidenta Francia Márquez, quien impulsó la creación de la cartera, el Ministerio de la Igualdad atravesó cambios de dirección sucesivos: Carlos Rosero, luego Juan Carlos Florián —quien abandonó el cargo el 14 de enero de 2026 tras menos de seis meses en funciones— y finalmente Luis Alfredo Acosta Zapata, posesionado el 28 de enero de 2026 como cuarto titular de la cartera. Acosta Zapata es líder indígena del pueblo Nasa, excoordinador nacional de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) durante más de 14 años.
El sindicato Sunet ya había señalado en administraciones previas presuntas prácticas irregulares por parte de funcionarios de la cartera, incluidas denuncias de maltrato y decisiones sin respaldo técnico. Esos antecedentes de conflicto laboral interno preceden a la toma del despacho registrada en las últimas horas y configuran un patrón de tensión entre la planta de trabajadores y la dirección ministerial.
Qué sigue para el Ministerio de la Igualdad y sus trabajadores
La suerte del Ministerio de la Igualdad depende de una decisión que aún no ha tomado el Congreso: el proyecto de ley 621 de 2025, radicado el 30 de abril de 2025, debe surtir su último debate en la plenaria del Senado antes del 20 de junio de 2026. De no aprobarse, la cartera entraría en liquidación y sus funciones serían trasladadas al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). En ese escenario, los trabajadores vinculados mediante contratos de prestación de servicios quedarían sin continuidad laboral, lo que convierte la toma del despacho en un primer capítulo de una disputa que podría intensificarse en las semanas siguientes.
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