Entre 2022 y 2026, el departamento del Cauca se consolidó como uno de los principales epicentros de la crisis de orden público en Colombia. La Fundación Ideas para la Paz documentó al menos 245 ataques armados en la región entre 2023 y julio de 2025, mientras que entre el 24 y el 27 de abril de 2026 se reportaron nuevos atentados con carros bomba, motocicletas cargadas con explosivos y drones en el suroccidente del país.
Con el inicio del gobierno del presidente Gustavo Petro en agosto de 2022, el Cauca ya registraba una fuerte presencia de Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR), en particular del Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia. Estos actores consolidaron el control territorial mediante confinamientos, amenazas a líderes comunitarios, instalación de minas antipersonales y ataques selectivos. El patrón mostró una transformación: menos confrontaciones abiertas entre actores armados y mayor presión directa sobre la población civil.
Lejos de una estabilización tras el acuerdo de paz de 2016 y las políticas de ‘Paz total’ del gobierno Petro, la región evidenció una recomposición armada con presencia simultánea de disidencias de las FARC, el ELN y estructuras criminales vinculadas al narcotráfico. La presión sobre los civiles se tradujo en extorsiones, reclutamiento forzado y desplazamientos masivos que afectaron especialmente a comunidades indígenas y campesinas.
Según la Fundación Ideas para la Paz, entre 2023 y julio de 2025 se registraron al menos 245 ataques armados en el norte del Cauca, el Valle del Cauca y Cali, incluyendo atentados contra infraestructura y la Fuerza Pública. Uno de los casos más representativos fue el ataque a la estación de Policía de Timba, en el que murieron tres civiles y cinco resultaron heridos: personas que transitaban por el lugar en el momento de la explosión.
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Cauca en 2024: masacres, drones en El Plateado y la Operación Perseo
Durante 2024, Colombia registró 76 masacres con 267 víctimas, de acuerdo con el observatorio de Indepaz, varias de ellas en zonas de alta incidencia como el Cauca. La violencia contra líderes sociales se mantuvo en niveles críticos, con el departamento como uno de los principales focos de asesinatos y amenazas.
Entre los hechos más graves de ese año figuró el ataque con drones en El Plateado, que dejó cinco menores de edad muertos, la instalación de una motobomba en las calles de Argelia y los enfrentamientos entre las disidencias al mando del alias Iván Mordisco y tropas de la Tercera División del Ejército Nacional. El Plateado concentró la atención del orden público y motivó la puesta en marcha de la Operación Perseo, orientada a recuperar la seguridad y el control del Cañón del Micay.
El Cauca en 2025: 24 atentados en un solo día y alerta humanitaria
El año 2025 estuvo marcado por una intensificación de ataques coordinados. El 10 de junio, la Policía Nacional reportó 24 acciones terroristas en el Cauca y el Valle del Cauca en un solo día, con un saldo de al menos siete muertos entre civiles y uniformados.
La Defensoría del Pueblo advirtió sobre una grave crisis humanitaria en el Cauca, caracterizada por confinamientos prolongados, desplazamientos forzados y restricciones al ingreso de ayuda humanitaria. Las comunidades indígenas y campesinas resultaron las más afectadas por la presión de los grupos armados sobre el territorio.
Entre el 24 y el 27 de abril de 2026, las autoridades reportaron una nueva seguidilla de acciones armadas simultáneas en el suroccidente del país, con uso de carros bomba, motocicletas cargadas con explosivos e incluso drones. La escalada confirmó que, lejos de disminuir, la violencia en el Cauca ha mutado y se ha intensificado, incorporando nuevas modalidades de ataque y ampliando su impacto sobre la población civil.
Qué sigue para el Cauca tras cuatro años de conflicto armado
El balance de cuatro años evidencia que la política de ‘Paz total’ no logró contener la recomposición armada en el Cauca. La región enfrenta el reto de hacer frente a grupos que combinan control territorial, economías ilegales y capacidad de fuego renovada. Las comunidades indígenas y campesinas, principales afectadas, continúan exigiendo garantías de seguridad y atención humanitaria efectiva al Estado colombiano.
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