El presidente, Juan Manuel Santos, firmó un decreto por medio del cual otorga el beneficio de amnistía a 3.252 miembros de las FARC, con lo que ya son 7.400 los guerrilleros a los que le han resuelto su situación jurídica.
“Este es el tercer decreto de aplicación de la amnistía de iure (por derecho)”, explicó hoy en un comunicado el Ministerio de Justicia, e indicó que este beneficio se aplica “exclusivamente para delitos políticos y conexos como porte ilegal de armas y de uniformes militares, sedición y asonada”.
La información detalló que el decreto de amnistía quedó establecido en el acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las FARC del 24 de noviembre del año pasado y que se materializó en una ley expedida el pasado 20 de diciembre por el Congreso.
Y la amnistía podrá ser concedida por vía judicial, es decir, por los jueces ordinarios y por vía administrativa, a cargo del presidente.
Según el ministerio, por decreto se ha concedido la amnistía a 6.005 integrantes de las FARC, mientras que “por vía judicial y la aplicación de las libertades condicionadas, también previstas en la Ley de Amnistía e Indulto, ya han salido de la cárcel más de 1.400” insurgentes.
“Entre la aplicación de las amnistías presidenciales y las aplicadas a través de los jueces de la República, ya se ha resuelto la situación jurídica a más de 7.400 miembros de las FARC, lo que los prepara para el inicio de su proceso de reincorporación“, precisó.
El ministerio resaltó que dos semanas después de la dejación de armas por parte de las FARC, que se selló el pasado 27 de junio con un acto simbólico en la localidad de Mesetas (centro), “el 95 % de la organización completó su proceso de tránsito a la legalidad, acompañado del compromiso de acudir al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”.
Para completar el proceso, los beneficiados debieron ser plenamente identificados como integrantes de las FARC, haber dejado sus armas individuales certificadas por parte de la ONU, firmar un acta con el compromiso de no volver a alzarse en armas y acreditarse ante la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
El modelo colombiano “combina la materialización de principios tan importantes para la superación de la violencia como el derecho a la verdad, la justicia, la reparación simbólica y material para las víctimas y, el no menos importante, la garantía de no repetición”, agregó.
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