La Procuraduría General de la Nación ordenó la suspensión provisional por tres meses de los dos uniformados de la Policía que estaban al mando en el momento en que una comisión de la que hacían parte organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales, autoridades departamentales y periodistas; fue hostigada con bombas de aturdimiento y granadas de humo.
La medida adoptada por la Procuraduría Delegada cobija al teniente Juan Camilo Jiménez Pomeo, comandante de la Compañía Antinarcóticos de Seguridad de la Erradicación CASEG-6, y al subintendente Didier Leandro Grajales Marín, comandante del Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD.
A esta investigación también fueron vinculados el capitán Camilo Andrés González Cano, y los patrulleros Anderson Estiven Sánchez Castillo y Brian David Palma Restrepo, miembros de la Compañía Antinarcóticos de Seguridad de la Erradicación CASEG-6.
Frente a los hechos del 5 de octubre, donde murieron 6 personas y otras 20 resultaron heridas, la Procuraduría vinculó a la investigación, en la que ya fue ordenada la suspensión de cuatro policías, a otros 36 uniformados y 14 miembros del Ejército.
