La Corte Suprema de Justicia abrió este viernes indagación preliminar a los senadores Álvaro Ashton, Martín Morales y Sandra Villadiego por supuestamente favorecer a la constructora brasileña Odebrecht para que se quedara con el contrato de una carretera en el norte del país, informaron medios locales.
El alto tribunal abrió la indagación preliminar a los congresistas “por su presunta responsabilidad en las irregularidades que se registraron en la contratación del tramo Ocaña-Gamarra” de la Ruta del Sol, según recoge la Revista Semana.
La Fiscalía le pidió el pasado 15 de noviembre a la Corte que investigara a Ashton, del Partido Liberal, así como a Morales y Villadiego, del oficialista Partido de la U.
El ente acusador también solicitó que se abriera indagación preliminar a los senadores Armando Benedetti, Musa Besaile y Bernardo Elías, todos del Partido de la U, además de Antonio Guerra de la Espriella, de Cambio Radical, y el representante a la Cámara Alfredo “Ape” Cuello, del Partido Conservador.
A Benedetti, la Corte Suprema de Justicia de Colombia le abrió este jueves indagación preliminar por supuestamente favorecer a Odebrecht en un contrato de estabilidad jurídica en 2012 y en una adición de otro
“La modalidad de corrupción detectada consistía en la ilícita contratación de servicios por parte de congresistas, mediante comisiones de éxito, para que a través de sus competencias y funciones presionaran decisiones gubernamentales a favor de Odebrecht”, dijo en su momento la Fiscalía.
Al pedir la investigación, el ente acusador explicó que se recabaron elementos probatorios según los cuales los directivos de Odebrecht, con la ayuda del detenido exsenador Otto Bula, lograron el apoyo de varios congresistas para que la sociedad concesionaria Ruta del Sol, de la que hacía parte la brasileña, obtuviera un contrato de estabilidad jurídica a más tardar el 31 de diciembre de 2012.
Dicho documento garantizaba que no se cambiaran las condiciones de los impuestos para la concesionaria mientras se discutía en el país la reforma tributaria.
Ese grupo de parlamentarios fue denominado por parte de los funcionarios brasileños “Los Buldozer”, en alusión a esa conocida maquinaria pesada.
Además, la Fiscalía indicó que Odebrecht habría pagado 50.000 millones de pesos (unos 16,5 millones de dólares) para la adición del contrato Ocaña-Gamarra.
Desde diciembre de 2016, cuando estalló el escándalo de los sobornos de Odebrecht en Colombia, la Fiscalía ha vinculado a 41 personas en las investigaciones, de las cuales 26 tienen imputación de cargos.
También hay dos condenados, los empresarios Enrique y Eduardo Ghisays Manzur, y dos más están pendientes por recibir sentencia, informa Efe.
La Fiscalía asegura que las coimas que presuntamente pagó Odebrecht en Colombia fueron de 84.000 millones de pesos (unos 28,35 millones de dólares) y no 11,1 millones de dólares (unos 21.550 millones de pesos de la época), como indicó el Departamento de Justicia de EE.UU. en diciembre del año pasado.