La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el secretario de Movilidad de Bogotá, Juan Pablo Bocarejo, por la presunta violación a los principios de publicidad, transparencia, planeación y economía en la contratación pública para el suministro, instalación, implementación, operación y mantenimiento de un sistema de semáforos inteligentes por $215.000 millones de pesos.
La investigación también afecta a Diana Lucía Vidal Caicedo, subsecretaria de Servicios de Movilidad, en calidad de delegataria como ordenadora del gasto, y a Carolina Pombo Rivera, directora de Asuntos Legales de la Secretaria de Movilidad de Bogotá.
Además, la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial y la Policía Judicial solicitó la suspensión inmediata de la licitación antes las dudas de si fueron tomadas las medidas necesarias para asegurar la conservación del patrimonio público de Bogotá.
El Ministerio Público investiga por qué, sin contar con los productos finales de la consultoría contratada para ese fin, el 10 de junio fue abierta la licitación.
También, se investigan las posibles irregularidades ocurridas en el proceso de suscripción del Otrosí número 3 al convenio entre la Secretaría de Movilidad, la Empresa de Teléfonos de Bogotá y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en especial el que separó el tema de los semáforos del de las comunicaciones telefónicas.
