A pesar de tener un puerto a orillas del Océano Pacífico, por el que sale el 60% de las exportaciones legales de Colombia, Buenaventura ha sido durante años escenario de la desigualdad, la pobreza y la violencia de distintos tipos. Por su posición estratégica para las exportaciones de cocaína y otros ilícitos, la ciudad-puerto es codiciada por diversos actores armados. Allí han ocurrido duros enfrentamientos entre guerrillas, bandas criminales y fuerza pública.
En medio de esto, la violencia sexual resalta como un crimen callado y las víctimas coinciden en que este problema está lejos de ser resuelto. En 2017, la Fiscalía de Buenaventura recibió 130 denuncias por violencia sexual.La organización Médicos sin Fronteras (MSF), por su parte, hizo 328 consultas en salud física y mental a víctimas de violaciones durante el mismo periodo. Ambas entidades saben, sin embargo, que hay muchos más casos que no recibieron atención médica ni denunciaron, y que probablemente nunca lo harán.
Ese es el caso de Claudia Ramírez, (nombre cambiado por seguridad), habitante de uno de los barrios donde se ven casi a diario casos de violencia. Ella cuenta que sintió que el mundo se le venía encima cuando su hermana de 17 años, quien tiene una discapacidad cognitiva, fue víctima de una violación cuando se encontraba sola en la casa.
Mientras Claudia crecía, su mamá, cabeza de hogar, debía trabajar largas horas para mantener a siete hijos, entre estos dos niñas con discapacidad cognitiva, los pequeños se quedaban solos en la casa durante mucho tiempo, aunque los mayores ya han crecido y se fueron de la casa materna, las dos hermanas jóvenes con necesidades especiales siguen en la casa de su mamá.
“Vi que mi hermana quedó en embarazo y un día le pregunté qué pasó. Ella me contó que la habían violado. Yo decidí poner la denuncia”, dice Claudia. Añade que se le dificulta ayudar a cuidar a sus hermanas con discapacidad porque tiene dos hijos, no tiene trabajo y depende económicamente del papá de los niños. Solo el hecho de iniciar un proceso penal se le hacía un desafío insuperable. “Yo me sentí como acorralada. A uno le dan ganas de no existir en ese momento como para no ver tanta injusticia, tanta maldad”.
Aun así, Claudia inició el proceso, de la Fiscalía la remitieron a Médicos sin Fronteras, donde le brindaron atención médica y psicológica.
Mientras la familia pasaba por el tratamiento en salud, la Fiscalía tomó diferentes testimonios, pero como las únicas que estaban en la casa cuando sucedieron los hechos eran las dos mujeres con discapacidad cognitiva, la investigación no dio resultados concluyentes para identificar e imputar cargos al responsable.
Claudia afirma que el tratamiento la ayudó a ella y su hermana a sobreponerse a la crisis, pero vive con miedo de que le vuelva a pasar algo a su familia, a sus dos hermanas con discapacidad, ya que siguen pasando muchas horas en la casa solas. “Si tuviéramos un buen trabajo que nos dejara tiempo para ver a nuestros hijos sería mejor”, opina.
Como la hermana de Claudia, hay cientos de víctimas en Buenaventura, pero hablar se les hace difícil. Algunas lloran y aprietan las manos con solo recordar los hechos o miran hacia abajo, en silencio. Otras dicen que les costó darse cuenta de que su marido es el victimario.
El doctor Jonathan Prieto trabaja en MSF y lleva dos años en Buenaventura atendiendo a decenas de mujeres, niños y niñas violadas y agredidas.
“Cuando las Farc salieron de Buenaventura, entendimos que iban a llegar otros actores armados a intentar apropiarse de la zona. Decidimos enfocarnos en las secuelas psicológicas de la violencia y las agresiones sexuales”, explica Prieto.
Él fue parte del equipo de MSF que inauguró el proyecto de Otras Situaciones de Violencia, es decir, aquellos problemas que aunque no están directamente ligados al conflicto armado, crean crisis humanitarias, informa Anadolu.
“Sobre los perpetradores hemos notado un aumento de los actores armados y que son identificados por las víctimas. Y hay otro grupo de perpetradores que los sobrevivientes no alcanzan a identificar, pero si uno entra a indagar y por la interpretación del testimonio del sobreviviente, a veces se puede inducir que son participantes de grupos armados”, añade Prieto.
Entre los casos que atendió MSF en 2017, el 66% de los violadores fueron familiares de las víctimas, el 14% parejas o exparejas de ellas, el 7% actores armados y el 13% desconocidos, que en muchos casos iban en grupos y estaban armados.
