El Gobierno recibió con satisfacción el respaldo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) a una consulta que hizo a ese organismo sobre protección de derechos humanos y medio ambiente en el área del Caribe frente a los grandes proyectos de infraestructura.
“La CorteIDH avaló la tesis de Colombia sobre la obligación que tienen los Estados de garantizar la protección del medio ambiente marino y la protección contra daños transfronterizos”, manifestó la Cancillería en un comunicado.
La “opinión consultiva” presentada por Colombia no se refiere a un caso en particular, pero da al país herramientas para que se activen mecanismos de protección frente a grandes proyectos de infraestructura que se puedan realizar en el Gran Caribe, como por ejemplo el canal interoceánico que pretende construir Nicaragua.
El Gobierno considera que, de esta forma, puede seguir avanzando en la protección del medio ambiente en el Caribe y de los derechos e intereses de los habitantes del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como de la Reserva de la Biósfera Seaflower.
“El hecho de que ellos nos respondan avalando la tesis de Colombia es una victoria grandísima para que se respeten los derechos del Gran Caribe, de la reserva de Seaflower y de la gente de San Andrés”, dijo a Efe el agente de Colombia ante la CorteIDH, Ricardo Abello.
Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, el concepto de la CorteIDH significa que, “si un Estado pretende construir y operar grandes proyectos de infraestructura en el Gran Caribe, debe tomar todas las medidas necesarias para evitar que otros Estados se vean afectados, cumpliendo con los principios de prevención y precaución”. Efe
