Las investigaciones adelantadas por la Fiscalía puso en evidencia 10 inmuebles que los Juan Carlos Ortíz y Tomás Jaramillo, administradores del fondo, intentaron mantener ocultos en Colombia.
Algunas propiedades fueron cedidas a terceros y otras hacían parte de sociedades que les permitían a estas dos personas hacer uso de ellas y disfrutarlas así no estuvieran a su nombre, detalló la Fiscalía.
Estos son los biene a los que la Fiscalía impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio en Bogotá, Medellín (Antioquia) y en los municipios de Tenjo (Cundinamarca) y Cumaral (Meta).
- En la ciudad de Bogotá: una casa lujosa en el sector de El Chicó, dos apartamentos en el exclusivo conjunto residencial Torres de Llorente, y otro apartamento ubicado en la calle 92 con carrera 4.
- En la ciudad de Medellín: oficinas y parqueaderos en el sector de El Poblado.
- El en el municipio de Tenjo (Cundinamarca): una finca cuya propiedad fue afectada en un 50%.
- En el municipio de Cumaral (Meta), una finca de 103 hectáreas cuya propiedad fue afectada en el 27%.
- Finalmente, se ha registrado en la Dirección General Marítima (Dimar) y las capitanías de puerto de Colombia la medida cautelar respecto de la lancha Gaia, cuyo propietario real sería el señor Tomás Jaramillo Botero.
Ortíz y Jaramillo aceptaron su responsabilidad por los delitos de manipulación fraudulenta, estafa agravada y concierto para delinquir, y fueron condenados a cinco años y nueve meses de prisión. Actualmente, continúa el proceso por captación masiva y habitual de dineros.
El descalabro bursátil del grupo Interbolsa empezó a ser investigado por la Fiscalía a finales del año 2012, como consecuencia de la medida de toma de posesión de la sociedad comisionista por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Una de las anomalías descubiertas consistía en el ofrecimiento de acciones en el denominado Fondo Premium de Curazao, el cual se presentaba como un producto financiero en el exterior que, de acuerdo con las investigaciones adelantadas por la Fiscalía y demás autoridades, en realidad era un elaborado esquema financiero y societario para beneficio de sus administradores y relacionados.