La ONG Consejo Noruego para Refugiados (NRC, por su sigla en inglés) dijo que el desescalamiento del conflicto que afecta a la región del Catatumbo, “no puede esperar un día más”.
Así lo expresó en un comunicado, en el que recuerda que cerca de 45.000 estudiantes y más de 2.000 docentes se vieron obligados a suspender las clases esta semana “como consecuencia de la disputa entre grupos armados”.
Los pobladores del Catatumbo viven desde el domingo pasado un “paro armado” decretado por el Ejército Popular de Liberación (Epl), considerado como una banda de narcotraficantes por el Gobierno, que se disputa el control de la zona con el Ejército de Liberación Nacional.
En los “paros armados” se prohíbe el tráfico de cualquier tipo de automotor, se cierran todos los negocios y, en general, se suspenden todas las actividades de la región afectada.
Del Catatumbo, una de las zonas más pobres y olvidadas de Colombia, hacen parte los municipios de Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú, en donde operan además de guerrillas, grupos de narcotraficantes y otros delincuentes dedicados a la minería ilegal, reporta Efe.
“Todos los grupos armados deben cumplir con las obligaciones del derecho internacional humanitario; las poblaciones en estas regiones necesitan sentirse seguras y los actores armados deben respetar la vida de los civiles. El desescalamiento del conflicto en el Catatumbo no puede esperar un día más”, dijo el director de país del NRC, Christian Visnes, citado en el comunicado.
Añadió que el derecho internacional humanitario podría aplicarse a la educación si los actores armados afectan directamente a los estudiantes, profesores e infraestructura educativas.
