El Senado avaló con 84 votos a favor y ninguno en contra la celebración, en una fecha por definir, de una consulta anticorrupción en la que se preguntará a los ciudadanos sobre la implementación de siete “medidas efectivas” contra ese delito.
Tras el aval conseguido, la fecha de la consulta pasa a decisión del Presidente de la República, que tiene tres meses para definir la cita en las urnas.
El 26 de julio de 2017 los promotores presentaron ante la Registraduría más de 4,3 millones de firmas para continuar con el trámite de la iniciativa que busca castigar duramente la corrupción.
“Esta consulta salió adelante porque colombianos de todas las regiones, de todos los colores y de todas las ideologías entendieron que es con acciones como se derrota la corrupción”, dijo al respecto la senadora Claudia López.
La consulta busca establecer un límite de máximo tres periodos para los cargos de elección popular y que los candidatos electos publiquen anualmente sus declaraciones de bienes, patrimonio, renta, impuestos y casos en los que tengan conflictos de interés.
Asimismo, pretende obligar a los congresistas a rendir cuentas sobre su gestión de manera periódica y que el presupuesto de inversión de las alcaldías, gobernaciones y el Gobierno nacional se discuta en audiencias públicas con la ciudadanía.
A su vez, tiene como objetivo que terminen los contratos entre el Estado y las personas condenadas por “delitos contra la administración”, que quienes sean culpables de corrupción tengan que pagar su pena en una cárcel sin reclusión especial y fijar un tope de 25 salarios mínimos en los sueldos de congresistas y altos funcionarios del Estado.
