La Contraloría General anunció la imputación de cargos por responsabilidad fiscal en contra de 20 funcionarios de la Refinería de Cartagena, luego de haber comprobado la existencia de daño fiscal por la pérdida de las inversiones realizadas en la Reficar durante los años 2011 a 2015.
Se demostró que se vulneró la promesa de valor de las inversiones del proyecto al pagarse mayores costos por mano de obra y subcontratos, que ponen en jaque la recuperación del dinero invertido con la rentabilidad esperada por la Nación como accionista mayoritario.
La Refinería inicialmente planeada por un valor de 3.777 millones de dólares, terminó costando 8.326 millones de dólares, descontando financiamiento e intereses.
El órgano de control pudo determinar que de los 4.500 millones de dólares adicionales, por lo menos 3.500 millones se habrían destinado a financiar mano de obra adicional ocasionada por la baja productividad que fue persistente a lo largo de toda la ejecución del proyecto y sobre lo cual no se tomaron acciones preventivas ni correctivas, oportunas y efectivas.
