Como resultado de las investigaciones adelantadas por la Fiscalía sobre las recientes elecciones al Congreso de la República, se encontraron serias irregularidades en distintas regiones del país, según confirmó el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez.
Entre los capturados se encuentran funcionarios de diferente nivel y se logró la identificación de más de dos mil intermediarios que habrían favorecido a candidatos al Congreso.
En todos los casos, los fiscales y los investigadores ponen al descubierto complejos entramados de corrupción creados con el propósito de alterar el proceso democrático.
A continuación los primeros resultados de las investigaciones revelados por el ente investigador:
Casa Blanca en el 2018
Esta organización criminal funcionó al servicio de otras campañas electorales y no solamente atendió a la senadora electa Aída Merlano. Las pruebas muestran que Casa Blanca también funcionó a favor de la candidata Lilibeth Llinás (número 107 en el tarjetón de su partido para la Cámara de Representantes por el Atlántico), quien no fue elegida.
Cada líder estaba encargado de llevar a un centro de operaciones (casa de apoyo) un grupo de personas con un talonario en el que marcaba a los votantes, con fotocopia de la cédula y la huella. Todos se identificaban con corazones de colores. Allí, los punteros verificaban huellas y cédulas de los electores y hacían un proceso completo de capacitación para garantizar que el voto se marcara de forma correcta.
Según las entrevistas practicadas y los videos en poder de la Fiscalía, los electores correspondían, por lo general, a personas de bajos recursos y poca escolaridad. También se reclutaba adultos mayores quienes debían entrar a los puestos de votación acompañados de niños para garantizar la exactitud del voto por el candidato indicado.
La estructura habría estado conformada por los siguientes dirigentes, servidores y exservidores públicos de elección popular, así:
- Candidatos al Congreso: Aida Merlano y Lilibeth Llinás
- Dirigentes políticos regionales:
- Jorge Rangel, Diputado del departamento del Atlántico
- Margarita Balén, Diputada del departamento del Atlántico
- Juan Carlos Zamora, Concejal del distrito de Barranquilla
- Aissar Castro Bravo, Concejal del distrito de Barranquilla
- Aissar Castro Reyes, exconcejal y padre del concejal Castro Bravo
- Vicente Támara, exConcejal del municipio de Soledad
- Líderes:
Según lo evidenciado por la Fiscalía, la organización contaba con 2.323 líderes barriales y locales que habrían servido como mercaderes de grupos de electores en varias zonas. Estos se habrían encargado de la venta de “paquetes de votantes” para los candidatos., lo que constituye un delito nuevo.
Financiación de la empresa criminal
La red contaba con al menos dos fuentes de financiación: una pública y una privada, lo que pone en evidencia que este fenómeno de corrupción electoral constituye un problema sistémico.
En la pública, habrían existido contratos de prestación de servicios con entidades de la región, cuyos beneficiarios eran personas que trabajaban para la “Casa Blanca”.
Ciénaga, Magdalena:
Durante las pasadas elecciones a Congreso fue capturado Sergio Andrés Lora Ávila, quien portaba casi siete millones de pesos ($7´000.000) en efectivo, un aparente listado de votantes y propaganda política alusiva al candidato al Senado, Fabián Castillo, actual Representante a la Cámara. El laboratorio forense de la Fiscalía acaba de producir los primeros informes, como resultado del análisis del celular que portaba este capturado.
En el mismo se recuperaron conversaciones vía chat en las que mencionaba el nombre de varias personas, entre las que figuran varios dirigentes políticos y terceros, que darían cuenta de la existencia de conductas cometidas con el propósito de comprar votos.
El alcalde de Ciénaga, Edgardo de Jesús Pérez Díaz – conocido como “el Nene Pérez” – una vez supo de la captura, se dirigió hasta el Puesto de Mando Unificado del día de las elecciones en la Dirección de Policía del Magdalena. Una vez allí, solicitó tomar contacto con el director seccional de la Fiscalía y le pidió ayuda para que el señor Lora no fuera judicializado: “Sergio Lora es una persona seria, no es un delincuente y hacía una actividad política. Ahí no hay una situación irregular. ¿Hay posibilidad de no judicializarlo?”.
También está documentado en el expediente que el electo senador Fabián Castillo, habría estado visitando al detenido Lora Ávila en la estación de policía a la cual fue inicialmente conducido para el proceso de judicialización.
Compra de votos Medellín:
Un Fiscal investiga los hechos según los cuales la campaña de Margarita Restrepo, candidata a la Cámara de Representantes, reelegida al Congreso, ofreció a sus votantes, de manera subsidiada, viajes a San Andrés Islas por un valor de ciento veinte mil pesos ($120.000), tabletas a treinta mil pesos ($30.000) y televisores de 49 pulgadas a trescientos cincuenta mil pesos ($350.000), siempre y cuando se comprometieran a marcar el número 102 en el tarjetón de su partido a la Cámara de Representantes por Antioquia.
Corrupción electoral en Sena, Caucasia, Antioquia:
El subdirector del SENA en Caucasia, Braulio Suárez, habría reunido a empleados y particulares en diferentes lugares públicos para exigirles que votaran por el representante a la Cámara y ahora senador electo, Julián Bedoya Pulgarín.
Según las investigaciones, Suárez habría exigido el voto advirtiendo que si el candidato era elegido en el Congreso, el subdirector del SENA se encargaría que quienes tenían contrato con el SENA lo mantendrían y quienes no lo tenían podrían ser nuevos contratistas.
El fiscal de conocimiento estableció que, efectivamente, varias de las personas que asistieron a las reuniones, eran contratistas de la entidad, e incluso se denunciaron amenazas contra algunas de las que rindieron declaraciones en contra del funcionario.
Corrupción en Bogotá:
Desde noviembre de 2017, Julián Gutiérrez, contratista de la Secretaría de Integración Social de Bogotá, supuestamente exigió a las profesoras de jardines infantiles de la localidad de Kennedy que votaran de forma direccionada por el candidato a la Cámara, Diego Caro, y su fórmula al Senado, María Fernanda Cabal, con la amenaza de que en caso de no hacerlo, no se les renovarían sus contratos.
De hecho, para confirmar el compromiso, les exigió la elaboración de un listado con el nombre de al menos diez (10) familiares, sus números de cédula y barrio de residencia y la participación en reuniones a las que asistieron mínimo veinte (20) personas. A algunas de ellas habría asistido como veedor el señor Jhon Francisco Rodríguez, subdirector regional de la Secretaría de Integración Social de la localidad de Kennedy.
Tarjetones marcado en Cauca:
Felipe Muñoz, aspirante a la Cámara y miembros de la comunidad de López de Micay denunciaron que, en este municipio pudo haber alteración en los resultados de las elecciones a Congreso, que habría beneficiado a Faber Muñoz, quien fue elegido como cuarto representante a la Cámara por el departamento del Cauca.
Según la denuncia, el fraude se habría presentado en siete (7) mesas de seis (6) corregimientos donde, aparentemente, los resultados del preconteo no se habrían reportado oportunamente a la Registraduría departamental y, además, habrían aparecido más de doscientos cincuenta (250) votos marcados en favor del entonces candidato.
Jurados de votación en Soledad Atlántico:
En las pasadas elecciones de Congreso de la República se denunció una presunta alteración en el procedimiento de selección de jurados de votación para el municipio de Soledad (Atlántico). Esta habría consistido en el registro irregular de candidatos a jurado en el sistema de la Registraduría.
Según estableció el fiscal de conocimiento, la Registraduría especial de Soledad envió a la señora Sheyla Ali Barrios, quien figuraba en el directorio de un partido político para anteriores comicios, sin previa verificación, el código de acceso para cargar al sistema los nombres de los candidatos a jurado de votación en ese municipio. La señora Barrios inscribió 1.370 aspirantes a ser jurados, de los cuales resultaron elegidos 1.107.
En el desarrollo de la investigación, se confirmó que la señora Barrios no representaba a ningún partido político, razón por la cual no era la autorizada para hacer las postulaciones de candidatos a jurados de votación.
