Tres personas fueron cobijadas con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y cinco más con detención domiciliaria por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, cohecho propio, falsedad ideológica en documento público, uso de documento privado, concusión y concierto para delinquir.
Los hechos investigados comenzaron en el 2016 y se extendieron hasta junio del 2018, periodo en el que fueron suscritos contratos y convenios, supuestamente, con dineros de los cupos indicativos.
Este mecanismo pensado para asignar recursos a las regiones en condiciones de opacidad, fue permeado por la corrupción, se hizo más complejo su seguimiento y dio lugar al desvío de un porcentaje de los dineros públicos, que no eran invertidos integralmente en los municipios beneficiarios.
De acuerdo con las investigaciones, de los proyectos de inversión cubiertos con estos cupos indicativos salía un 12% del valor girado para un congresista, como ocurrió en El Peñón, Bolívar.
La Fiscalía detectó que la administración municipal, en cabeza del alcalde de la población, Arling Arias García, adelantó un convenio con Coldeportes para la construcción de una cancha sintética de Fútbol 11 en el barrio La Concepción. Este convenio habría sido priorizado porque, al parecer, era un cupo indicativo para el congresista y vicepresidente del Senado de la República, Antonio José Correa, quien presuntamente intervino a través la señora Mariela Margarita Trujillo Buelvas, una de sus asesoras de la Unidad de Trabajo Legislativo, y contó con el auspicio de funcionarios de Coldeportes, contratistas y particulares.
