La Jurisdicción Especial para la Paz le dio a los exjefes guerrilleros, Rodrigo Londoño y Pastor Alape, un plazo de 30 días para que corrijan el inventario que entregaron sobre sus bienes y sobre el que solicitaron medidas cautelares para que no terminen en procesos de extinción de dominio.
El tribunal les exigió que individualicen todos los bienes y activos contenidos en el inventario.