La Fiscalía logró la captura del gobernador de San Andrés, la exgobernadora de la isla y nueve personas más que habrían montado un esquema de corrupción como el utilizado para desviar recursos de valorización en Armenia. Las coimas en el archipiélago superarían los once mil millones de pesos.
En 2017, el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, escuchó a la comunidad y tomó nota de una creciente preocupación por demoras en la entrega de obras de infraestructura, de servicios prioritarios para la comunidad y apropiación indebida de dineros públicos.
Desde ese momento, fueron destacados equipos de investigadores y fiscales que se dieron a la tarea de hacer las respectivas indagaciones.
Como resultado de ellas, la Fiscalía encontró presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos por alrededor de ciento veinte mil millones de pesos ($120.000’000.000) que habrían sido entregados a los mismos constructores que, a cambio de coimas, se quedaron con las obras de valorización en Armenia.
Con este antecedente, las labores de policía judicial fueron orientadas hacia los contratistas Hernán Moreno Pérez, Fernando León Diez Cardona y algunos de sus presuntos socios, y se estableció que para quedarse con la construcción de colegios y parques en el departamento, supuestamente pagaron el 10% del valor de los contratos con el probable auspicio de altos dignatarios del gobierno departamental.
La Fiscalía estableció que este porcentaje era pagado en las casas de los involucrados, oficinas y en vehículos oficiales. Los contratistas entregaban el valor pactado a intermediarios quienes serían los encargados de repartir las coimas a los mandatarios y algunos funcionarios, que presuntamente manipularon las licitaciones públicas y descartaron a otros oferentes con el pretexto de que no cumplían los requisitos de ley.
Según las autoridades, el detrimento patrimonial por concepto de sobornos podría superar los once mil millones de pesos ($11.000’000.000).
Por estos hechos la Fiscalía General de la Nación obtuvo ante los respectivos jueces de control de garantías 11 órdenes de captura contra las personas involucradas en este esquema de corrupción. Los capturados son:
- Ronald Housny Jaller, gobernador actual de San Andrés (suspendido).
- Aury Guerrero Bowie, exgobernadora de San Andrés.
- Alejandro Lozano Bowie, secretario de Infraestructura de San Andrés.
- Edelmira Archibold Hawkins, exsecretaria de educación de San Andrés.
- Ain Zulema Conolly, jefe Oficina Jurídica de San Andrés.
- Tatiana Pérez García, secretaria de Planeación de San Andrés.
- Elizabeth O´Neill, supervisora de los contratos adjudicados irregularmente.
- Mauricio Jose Rodriguez Cotua, contratista.
- Sergio Fabian Lever Whittaker, contratista.
- Luis Albeiro Urrego. supervisor de contrato.
- Juan Diego Alvis Cotes, ingeniero civil.
