El Presidente Iván Duque, le otorgó la facultad a la Superintendencia de Salud para que inhabilite o sancione a los funcionarios de empresas privadas como EPS o IPS, que no presten los servicios adecuados a los pacientes afiliados.
Esta nueva ley, comprende a los gerentes, revisores fiscales, representantes legales, y altos directivos, quienes podrían ser removidos de sus cargos e inhabilitados hasta por 15 años en caso de comprobarse su responsabilidad en irregularidades cometidas como prestadores del servicio de salud.
Además, la Superintendencia ahora podrá imponer multas que se pagarían con recursos propios y no con dineros públicos como era anteriormente, también el valor cambió, pues para las personas jurídicas pasará de 2.500 salarios mínimos a 8.000 salarios mínimos como la más alta sanción.
Igualmente, las multas económicas para personas naturales variaron, ahora quienes cometan faltas pagarán 2 mil salarios mínimos equivalentes a 1.656 millones de pesos.
Estas decisiones tomadas por el Gobierno, fueron motivadas por las recientes irregularidades que se han visto en el sistema de salud, donde los recursos destinados a la prestación del servicio a pacientes están siendo malgastados.
