La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado a los gobernadores y alcaldes del país para que pongan en marcha ‘de manera diligente’ el Programa de Alimentación Escolar (PAE) desde el primer día de clases.
El Ministerio Público manifestó su preocupación principalmente con los casos de los departamentos de Cesar, Norte de Santander y Sucre que al 8 de enero no habían definido cómo efectuarán la prestación de este servicio, y en algunos casos, ni siquiera han realizado la publicación de pliegos para adelantar el respectivo proceso de contratación.
Estos casos también se presentan en los municipios de Buenaventura, Ipiales, Palmira, Tumaco y Valledupar, que según informó el Ministerio de Educación, significa una eventual vulneración del derecho a la educación de 460 mil beneficiarios.
La Procuraduría exhortó a los mandatarios de las 96 Entidades Territoriales Certificadas (ETC) a cumplir con sus obligaciones para la prestación oportuna del servicio de alimentación escolar, con el fin de evitar que se presenten nuevamente demoras en el inicio de la operación del programa.
En 2018, solo 38 ETC iniciaron la entrega del complemento alimentario desde el primer día de clases. En más de la mitad del país la operación del PAE comenzó dos o tres semanas después, y en algunos casos, las demoras superaron los 2 meses, situación que obligó a la Procuraduría a recurrir a acciones de tutela para garantizar la prestación del servicio.
El órgano de control indicó que adelanta más de 200 acciones disciplinarias por irregularidades en la contratación y ejecución del Programa de Alimentación Escolar en el país.
