La Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra el gobernador de Córdoba, Edwin José Besaile Fayad y otros tres funcionarios del departamento, por presuntas irregularidades en la cancelación de un Convenio de Cooperación de Ciencia y Tecnología suscrito con la Fundación George Dahl por $14.000 millones de pesos.
La Primera Delegada para la Contratación Estatal también vinculó al proceso disciplinario a Manuel José Benjumea Simancas, director de Planeación Administrativo de la Gobernación de Córdoba y/o director Departamental de Regalías de Córdoba; a Sandra Milena Ruíz Pérez, asesora del despacho del Gobernador de Córdoba, y a Jairo Rafael Cruz Lozano, director de Contratación del Departamento de Córdoba y delegado para el Desarrollo de Procedimientos Administrativos Sancionatorios.
El representante de la Fundación George Dahl, Kalil Petro Sakr, denunció ante la Procuraduría que aunque el convenio de “Investigación en Recursos Hidrobiológicos del Caribe Colombiano”, para abril de 2016 avanzaba en un 48,9% lo que hacía prever que sería cumplido antes de la fecha señalada, la administración de Besaile Fayad declaró el incumplimiento y lo multó con más de $2.800 millones de pesos, sin atender ninguna de las pruebas que desmentían los señalamientos de la gobernación.
La apertura de investigación se dispone con base en el artículo 153 de la Ley 734 de 2002, para determinar si hubo conductas irregulares y si estas son constitutivas de faltas disciplinarias, los motivos, las circunstancias de tiempo, modo y lugar y el perjuicio causado a la administración pública.
