El Gobierno anunció un paquete de diez medidas para aumentar la seguridad para líderes sociales y defensores de derechos humanos en todo el país.
“Hoy nuevamente ratificamos esa condena, repudio, por estos asesinatos y no vamos a descansar hasta encontrar y castigar a los responsables de estos crímenes infames”, aseveró el presidente Juan Manuel Santos, tras una reunión de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, en la que estuvieron presentes altos miembros del Ejecutivo, altos mandos de la Fuerza Pública, jefes de diferentes entidades y organizaciones no gubernamentales, invitados especiales relacionados con la defensa de DDHH y de la comunidad internacional, entre otros.
El mandatario señaló que debido a que los planes de protección individual no han sido suficientes, se crearon planes de protección integrales para comunidades y organizaciones en diferentes zonas.
Las acciones incluyen una fase inicial de 30 días de un “Plan Urgente de Intervención”, que estará en cabeza del Ministerio de Defensa Nacional, para hacer presencia en las zonas más afectadas por estos hechos: Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Valle, Risaralda, Nariño, Córdoba y Chocó.
Entre los puntos que se destacan, está la creación de un sistema de recompensas por información que permita identificar a los responsables de los crímenes, “recompensas aún mayores por la identificación de autores intelectuales de estos crímenes”.
Así mismo se ordenó priorizar la seguridad a líderes sociales y de derechos humanos y fortalecer los esquemas de protección colectiva.
El mandatario señaló que durante la reunión se abordó el tema de la corrupción, “inclusive corrupción de la Fuerza Pública en las regiones”, por lo que el Gobierno dio instrucciones de “estar muy pendientes” de esta problemática.
“Yo ya había ordenado que los inspectores de las Fuerzas Militares y la Policía se trasladaran a las regiones para ver qué estaba sucediendo en cuanto a este problema de cooptación por parte de grupos armados de la Fuerza Pública o agentes del Estado”, resaltó.
También se creó una unidad especial de investigación en la Policía y la Fiscalía para indagar estos hechos. Según datos del Gobierno, concertados con Naciones Unidas, entre el 1 de enero de 2016 y el 6 de julio de 2018, la Fiscalía recibió reporte de 181 casos de homicidios.
De estos casos, ya se conocen las responsabilidades en 89 hechos; en 21 hay imputación de cargos; hay 35 en etapa de juicio; 18 sentencias y 168 capturados.
Igualmente se determinó robustecer la Unidad Nacional de Protección (UNP), asignándole más recursos para estudios de riesgo colectivo e implementación de acciones, y más presupuesto para ampliar esquemas individuales.
El Ministerio de Defensa fortalecerá un instrumento de reacción rápida que atiende las alertas generadas por la Defensoría del Pueblo en un ‘Sistema de Prevención y Alerta’ creado en el acuerdo de paz con las desmovilizadas Farc, informa Anadolu.
“Diseñamos una estructura de protección para los líderes, encabezada desde la misma Presidencia (…), que ha sido reforzada con representantes de las organizaciones sociales, plataformas de DDHH, organismos internacionales”, subrayó Santos.
