El Gobierno Nacional anunció este miércoles que prolongará la suspensión para contratar a la empresa que extraerá el galeón español San José, hundido por corsarios ingleses cerca de Cartagena de Indias en el siglo XVIII, ante el temor de que suponga perder patrimonio nacional.
“En particular nos preocupa la posibilidad de que el pago al contratista se realice mediante la entrega de piezas extraídas del galeón San José. Esto significaría que parte de nuestra historia quede dispersa por los anticuarios del mundo y resultaría un precedente inaceptable para el rescate de futuros navíos”, dijo en la ciudad de Cartagena la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez.
El hallazgo del San José fue anunciado en noviembre de 2015 por el anterior presidente, Juan Manuel Santos, cuyo Gobierno puso en marcha una licitación con empresas extranjeras para extraer el pecio del fondo del mar, que incluía un porcentaje de la carga de metales preciosos como parte del pago por ese trabajo.
El Gobierno de Iván Duque ha postergado en varias ocasiones los plazos para la contratación de la empresa que recuperará el galeón, el más reciente de los cuales vencía el próximo 10 de marzo.
Colombia cuenta con una Ley, la 1675 del 30 de julio de 2013, que tiene por objeto “proteger, visibilizar y recuperar el Patrimonio Cultural Sumergido”.
“Para nosotros (…) no hay la más mínima duda del compromiso que tenemos por la Constitución y por la ley y también porque es nuestra convicción (…) y la de montones de colombianos, el defender el patrimonio de todos los colombianos y no ahorraremos ningún esfuerzo en esta labor de defender este patrimonio”, subrayó Ramírez.
Ramírez aclaró que el Gobierno ha asumido “como una prioridad lo relacionado con el galeón San José” al tomar en consideración “su importancia histórica y cultural”.
“El contrato publicado tiene cláusulas que, a juicio nuestro, deben revisarse porque la posible remuneración de bienes en especie provenientes del hallazgo, o la tasación del porcentaje de retribución hasta en un 45 % de los bienes que no constituyan patrimonio, resultan inadmisibles para el Gobierno Nacional”, comentó la vicepresidenta.
Frente a ello, Ramírez explicó que “la información y las evidencias” con las que cuentan del contenido del naufragio “reafirman su importancia para Colombia como patrimonio arqueológico e histórico” para el país y para el mundo.
“Por ello, la decisión sobre el galeón involucra la política pública que debe aplicar el Gobierno Nacional sobre los demás barcos y sobre el patrimonio sumergido que pueda encontrarse en nuestros dos mares”, apostilló.
La vicepresidenta recordó que desde enero de 2015, diez meses antes de que se anunciara el hallazgo, el Gobierno de Santos y la compañía Maritime Archaeology Consultants Ltd (MAC) iniciaron un proceso de contratación mediante la figura de asociación público privada “sin desembolso de recursos públicos con vistas a realizar la exploración, intervención, aprovechamiento económico y preservación del galeón”.
Sin embargo, agregó que en los últimos siete meses el nuevo Gobierno ha revisado “con la mayor atención” el trámite de la asociación y considera que “algunos de sus elementos jurídicos” les generan dudas, informa Efe.
Por eso, afirmó que trabajarán en identificar “las mejores fórmulas legales para encontrar una que permita que todas las piezas que se recuperen del galeón permanezcan en Colombia, como patrimonio de todos los colombianos”.
