Foto: Twitter @FiscaliaCol
La investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación, en cabeza del fiscal (e), Fabio Espitia con respecto al caso de irregularidades presentadas en el valor de algunos recursos en contratos de obras en el espacio público a cargo del Instituto de Desarrollo Urbano tiene este viernes a los presuntos cuatro responsables que se vincularían a estas anomalías.
En el contexto de las audiencias concentradas en el Complejo Judicial de Paloquemao en Bogotá, el ente acusatorio habría presentado material probatorio que involucraría a Germán Corredor, funcionario del IDU, a Tomás Pachón, contratista de obra y a Marcos Mafioly y Julio César Montaño, dos interventores; quienes serían los primeros afectados por la investigación que revisó los contratos de adecuación de puentes y andenes en las localidades de San Cristóbal, Engativá. Kennedy, Teusaquillo y Chapinero en 2016.
Dichos acusados habrían realizado prórrogas y adiciones presupuestales al contrato de obra que habría tenido un valor inicial de $12.875 millones, y al contrato de interventoría que ascendió a $1.880 millones; además, tendrían relación con tiempos de ejecución alterados y una cantidad de obras que no tuvieron la vigilancia por parte de los interventores responsables.
Cabe recordar, que dichos funcionarios habrían recibido presuntamente dineros por estas irregularidades, que a fin de términos nunca tuvieron un cierre de trabajos, por lo que el juez de control de garantías impuso medida de “casa por cárcel”; no obstante, los procesados aseguraron que iban a indemnizar a las víctimas de sus actos, donde devolverían los dineros de los que se apropiaron de manera ilegal.
