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Durante su campaña, el entonces candidato Gustavo Petro, junto con su fórmula vicepresidencial Francia Márquez, firmaron ante notaría, documento público en el que se comprometían a no expropiar.
Hoy las alarmas están encendidas y surge la pregunta si dicho compromiso y juramento fue un acto más de campaña o si el primer mandatario mantiene su palabra de no expropiación.
En el borrador de decreto que desarrolla el artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo, que no acompañé con mi voto en la Plenaria de la Cámara de Representantes, publicado en la página web del Ministerio de Agricultura, se establece el procedimiento de extinción del derecho de dominio de los predios rurales en los casos en lo que se demuestre el incumplimiento de la función social y/o ecológica de la propiedad.
Menciona el borrador de decreto que el incumplimiento de la función social de la propiedad, por inexplotación de predios rurales, se predica: Cuando se dejare de ejercer posesión y explotación económica en los términos previstos en el artículo 1 de la Ley 200 de 1936, durante 3 años continuos. También menciona el borrador de decreto que el incumplimiento de la función ecológica de la propiedad opera cuando el titular del predio viola las normas sobre conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables y/o las normas sobre preservación y restauración del ambiente y cuando los propietarios exploten los predios sin atender o con violación a las normas sobre zonas de protección agrícola o las áreas de Protección para la Producción de Alimentos, declaradas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (..)
De entrar a regir el decreto varias son las preguntas que surgen: ¿estarán obligados los dueños de predios rurales a explotarlos económicamente so pena de perder el derecho de dominio? ¿Qué podemos entender por función ecológica de la propiedad? ¿Trae inmerso este concepto las corrientes ideológicas ecologistas y de cambio climático que por ejemplo rechazan la exploración y explotación de hidrocarburos cuando Colombia no ha transformado aún su matriz energética y exportadora?
El derecho a la propiedad es pilar esencial de la libertad individual, del progreso personal y familiar, el derecho a la propiedad y la tranquilidad de ostentarlo construye familias y generaciones, como resultado del trabajo y la dedicación. Poner tropiezos y generar inestabilidad al derecho a la propiedad no hace más que destruir la capacidad del ciudadano por esforzarse, trabajar y luchar para adquirir bienes con los que disfrutar.
Desde luego que es importante cuidar y conservar la riqueza natural y ambiental de Colombia, desde luego que los procesos de restitución de tierras en nuestro país deben ser una realidad y tienen que implementarse, pero nada de ello puede ser justificación para el debilitamiento del derecho a la propiedad privada.
Pensar en expropiar o en la extinción del derecho de dominio no es la solución. La solución está en apoyar a los campesinos y las zonas rurales con servicios públicos, tecnología, distritos de riego, vías terciarias, cadenas de frio, seguridad y orden público, créditos blandos o sin interés, posibilidad de comercialización en centros urbanos, modernización de galerías, plazas de mercado, centros de distribución y abastecimiento, mejoramiento de razas ovinos, porcinos en zonas de producción ganadera, ciencia, tecnología e innovación en el mejoramiento de semillas para mayor producción.
La solución está en aprovechar el potencial agrícola de Colombia, generando políticas públicas que tengan en cuenta la vocación agrícola de nuestras tierras. La obligación de constante explotación económica de la propiedad rural puede ir en contra vía de los ciclos de producción y usos de la tierra, así como los pisos térmicos y temperaturas propias de un país tropical. En conclusión, la seguridad alimentaria y la restitución de tierras se pueden garantizar sin extinción de dominio.
Creo que el compromiso de no expropiación de Gustavo Petro y Francia Márquez en época de campaña, sigue vigente y que en Colombia la propiedad privada continuará siendo un principio básico del ejercicio de libertades en democracia.
Por: Víctor Manuel Salcedo –Representante a la Cámara Partido de la U.
