El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, informó que compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia contra la senadora Aida Merlano, tras hallazgo en la sede de su campaña política en Barranquilla.
De acuerdo con el ente investigador, allí habría funcionado una sofisticada red de compra de votantes, que incluso utilizaba calcomanías con código de barras bidimensional (código QR) para identificar y hacer seguimiento a los líderes encargados de la compra de votos.
Tenían además un sistema organizado para identificar a los líderes y hacer la trazabilidad del proceso de compra de sufragios, a través del uso de dos formatos: las actas de compromiso y el seguimiento de cada votante.
Para verificar que se hubiera sufragado en un puesto específico, la campaña pedía los certificados de votación y, sobre estos, grapaba un papel con código QR, que llevaba el dato del municipio y el nombre del líder al que se le atribuía el voto. De esta forma, se garantizaba que el dinero entregado al comprador correspondiera con el número de votos ofrecido por él a la campaña.
Se llevaba una contabilidad detallada en una planilla adicional, en la que se hacía la relación de los líderes, el municipio al que pertenecían y los gastos de la jornada. Al parecer, cada voto era pagado a $40.000, con un subsidio de $5.000 de transporte. El monto a pagar a cada uno de ellos variaba de acuerdo con la cantidad de votos ofrecida y si se superaba ese número, aumentaba también el valor del voto.
