El Consejo de Estado condenó a la Nación por el atentado con carro bomba que realizó la entonces guerrilla de las Farc cerca al edificio en el que se encontraba la oficina del Gaula de la Policía en Medellín el 30 de julio de 1999.
La condena contra la Nación, representada por el Ejército Nacional y el Ministerio de Defensa, se emite por poner a la población en una situación de riesgo excepcional y no tener en cuenta la orden presidencial que solicitaba eñ traslado de la sede, que se encontraba en una zona residencial.
Según el alto tribunal, se presentaron muchas fallas en contra de la protección de las personas que vivían en las casas cercanas a la sede del Gaula, ya que las medidas de protección y seguridad que se adoptó el Estado no fueron suficientes, para evitar el atentado que se produjo en medio de la tensión orden público que se vivía en ese entonces en Medellín.
Dichas fallas permitieron que el vehículo cargado con explosivos transitara cerca a la sede del Gaula y luego se activara dejando nueve muertos.
Tras la decisión de le Consejo de Estad, se ordenó al Gobierno el pago de una indemnización por daños y perjuicios a los integrantes de una familia que resultó gravemente afectada por la explosión.
