La Sala Plena de la Corte Constitucional decidió dejar en manos de conjueces el debate sobre si el ejercicio del trabajo sexual puede realizarse o no cerca a instituciones educativas en el país.
Actualmente, la Corte está analizando un caso de una tutela interpuesta por una mujer que administra un local dedicado al trabajo sexual, que se encuentra ubicado cerca a un colegio en el municipio de Chinácota, Santander, el cual fue ordenado a cerrar por parte de la Alcaldía.
La administración municipal habría afirmado que se debía suspender el funcionamiento y decretar un cierre temporal a dicho establecimiento, porque no tenía autorización de uso de suelos y estaba afectando la tranquilidad de la comunidad.
Por tanto, el alto tribunal trató de establecer si este tipo de lugares para el entretenimiento de adultos tienen o no derecho de funcionar sin afectar a la población, y más aún si se encuentran ubicados en cercanías a instituciones dedicadas a la formación académica.
