La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) informó que ha condenado al Estado por la desaparición forzada de 12 personas en la Vereda La Esperanza en el año 1996, un fallo que fue notificado hoy a las partes.
“La Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró al Estado de Colombia responsable por la desaparición forzada de 12 personas, entre ellos tres niños, así como la privación arbitraria de una de ellas entre el 21 de junio y el 27 de diciembre de 1996 en la Vereda La Esperanza”, informó el tribunal de la OEA, que tiene su sede en Costa Rica.
La CorteIDH determinó en la sentencia que “los hechos acaecieron con el apoyo y la aquiescencia de agentes de la Fuerza Pública al grupo paramilitar denominado Autodefensas del Magdalena Medio (ACMM), lo que facilitó las incursiones a la Vereda la Esperanza y propició o permitió la comisión de estos actos”.
Las víctimas de esos hechos eran campesinos de La Esperanza, Departamento de Antioquia, quienes supuestamente eran percibidas como simpatizantes o colaboradoras de los grupos guerrilleros que actuaban en la región, establece el fallo.
Estas personas son Aníbal de Jesús Castaño Gallego, Juan Carlos Gallego Hernández, Jaime Alonso Mejía Quintero, Hernando de Jesús Castaño Castaño, Orlando de Jesús Muñoz Castaño, Octavio de Jesús Gallego Hernández, Andrés Gallego Castaño, Leonidas Cardona Giraldo, María Irene Gallegos Quintero, y los niños Óscar Hemel Zuluaga Marulanda, Miguel Ancízar Cardona Quintero y Juan Crisóstomo Cardona Quintero.
El tribunal hemisférico explicó que durante el proceso el Estado reconoció su responsabilidad en algunos aspectos, pero negó que los hechos hayan ocurrido con la complacencia de las autoridades estatales hacia los paramilitares, informa Efe.
Sin embargo, la Corte concluyó en el fallo que “las desapariciones forzadas ocurridas en la Vereda La Esperanza son atribuibles al Estado por el apoyo y la aquiescencia que prestaron agentes de la Fuerza Pública para el actuar de ese grupo paramilitar”.
En la sentencia los jueces también encontraron al Estado responsable por la violación al derecho al acceso a la justicia, a la integridad personal, al de la propiedad e inviolabilidad del domicilio de los familiares de las víctimas.
