La sección segunda del Consejo de Estado negó la tutela que la magistrada Cristina Lombana, interpuso en contra de sus compañeros de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
Según Lombana, se estaba cuestionando su idoneidad como juez al aceptar la recusación que la había separado de los dos procesos que se adelantan en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos.
Además, reclamaba una presunta violación a sus derechos de igualdad, no discriminación, buen nombre, honra debido proceso, porque consideraba que los mismos argumentos podrían servir para que la separen en otros procesos.
La razón de sus compañeros en la Corte para apartarla de las investigaciones, fue que la Magistrada no mencionó que años atrás trabajó en la oficina del abogado Jaime Granados, el actual y principal representante legal del expresidente de la República.
Sin embargo, en su momento Lombana se defedió ante la opinión pública, al afirmar que no presentó ese dato en su hoja de vida ante la Corte, porque no tiene una notificación de la oficina de abogados de haber laborado en ese despacho.
