El decreto fue firmado por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, en medio de las tensiones entre el Ejecutivo y las altas cortes judiciales.
El Gobierno recibió una lluvia de críticas por un decreto que elimina la competencia exclusiva del Consejo de Estado —máximo tribunal de lo contencioso administrativo— para conocer las acciones de tutela contra el jefe de Estado, que ahora pasarán a la justicia ordinaria.
El decreto fue firmado el pasado 9 de julio por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, en medio de las tensiones entre el Ejecutivo y las altas cortes judiciales.
El nuevo decreto señala: “Las acciones de tutela promovidas contra autoridades del orden nacional que ejerzan funciones en todo el territorio y que no tengan funciones jurisdiccionales serán conocidas por los jueces del circuito o de igual categoría”.
Este cambio implica que, en adelante, los recursos de amparo contra altos funcionarios, incluido el presidente, no serán conocidos automáticamente en primera instancia por el Consejo de Estado sino que recaerán en los jueces ordinarios del circuito o con la misma jerarquía.
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Las críticas contra el decreto y sus implicaciones salieron de senadores opositores, exministros de justicia y expertos en temas jurídicos.
“Este gobierno odia el equilibrio de poderes propio del Estado de derecho democrático. En vista de que el Consejo de Estado ha tenido fallos firmes contra algunas decisiones del gobierno, el ministro de Justicia pretende quitarle la competencia para conocer tutelas contra acciones del presidente. Es ilegal y es antidemocrático”, dijo hoy en redes sociales la senadora Paloma Valencia, del partido opositor Centro Democrático.
Por su lado, el abogado Francisco Bernate comentó que, aunque el presidente tiene la facultad para hacer este cambio por decreto, trasladar decisiones sobre políticas públicas a jueces del circuito puede ser problemático.
“Es inconveniente porque el juez quedaría políticamente expuesto. Lo sabio es que lo hagan las más altas instancias judiciales”, dijo Bernate a periodistas.
Menor control judicial
Por su parte, el exministro de Justicia Wilson Ruiz comentó que el decreto representa un retroceso en el control judicial sobre el presidente.
Un decreto de 2015, del gobierno de Juan Manuel Santos, establecía que las tutelas que se presentaran contra actuaciones del presidente las revisaría, en primera instancia, el Consejo de Estado.
“El Consejo de Estado tiene experiencia, conocimiento técnico y jurisprudencia consolidada. Cambiarlo por jueces del circuito debilita ese filtro y abre la puerta a decisiones dispersas, sin unidad de criterio”, aseguró Ruiz.
Entre tanto, la senadora opositora María Fernanda Cabal dijo en redes sociales que demandará el decreto “con el que Petro y su Ministro de Justicia violan la Constitución y la Ley”.
“Esto no es una simple medida administrativa. Es un golpe silencioso a la justicia. Es ilegal, inconstitucional y peligrosamente funcional al poder”, aseguró.
Cabal agregó que Petro busca “controlar todos los frentes: la Corte Constitucional cuestionada, la Fiscalía tomada y ahora, el Consejo de Estado desplazado en el control de tutelas” porque, en su opinión, “el régimen no quiere contrapesos”.
EFE
