A finales de febrero el Gobierno Nacional expedirá un decreto que contempla el paso de la protección individual de personas amenazadas a la protección colectiva de las comunidades en riesgo, anunció este viernes el ministro del Interior, Guillermo Rivera Flórez.
La estrategia busca frenar la matanza de líderes sociales que se ha registrado en los últimos meses. Cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) indican que el país cerró el 2017 con 170 muertes de líderes sociales y defensores de paz. La misma plataforma afirma que en los primeros 40 días de 2018 fueron asesinados 29.
“Se trata de proteger no solo a las personas visiblemente más amenazadas, sino a la comunidad, al colectivo. Empezaremos en municipios y corregimientos donde la población tiene mayor riesgo. Llano Rico es uno de ellos”, indicó Rivera en una reunión en ese municipio con líderes sociales y defensores de derechos humanos en el departamento del Chocó, en el Pacífico colombiano.
Esa fue la primera reunión entre el Ministerio, el Ejército, la Policía Nacional y la comunidad. “Es la primera vez que la comunidad puede expresar sus inconformidades y criticar nuestras falencias. Es la mejor forma de corregir para garantizar sus derechos, la mejor manera de construir paz”, indicó el ministro, informa Anadolu.
En varias ocasiones, la comunidad internacional ha expresado su preocupación por estos asesinatos. En noviembre de 2017, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) denunció una “alarmante” cantidad de asesinatos y amenazas hacia líderes sociales y reclamó una “protección adecuada”.
