La nueva administración de la Unidad para las Víctimas aseguró que se identificaron actos irregulares que afectan la reparación individual y colectiva de las víctimas.
El Gobierno Nacional le pidió a las autoridades de control investigar y hacer auditorías a un fondo que administra recursos públicos y privados para reparar a las víctimas del conflicto armado porque supuestamente hay corrupción.
La petición la hizo la directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón, quien solicitó a la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría realizar “acciones preventivas y correctivas necesarias para garantizar los derechos de las víctimas y proteger el patrimonio y transparencia de la entidad”.
La funcionaria, citada en un comunicado de su despacho, dijo que la solicitud se hace con base en un análisis preliminar del estado en el que encontró el Fondo para la Reparación a las Víctimas.
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La nueva administración de la Unidad “identificó posibles actos irregulares que afectan la reparación individual y colectiva de las víctimas del conflicto armado”.
De los casos más representativos de esas anomalías están cánones de arrendamientos muy bajos de fincas, lotes y parcelas cuyos valores oscilan entre los 4.000 y 103.000 pesos.
“Las víctimas del conflicto armado han sufrido múltiples hechos lamentables y no es posible que los recursos con los que esperan ser indemnizados estén afectados por posibles hechos de corrupción”, dijo.
Esta denuncia se suma a la realizada a mediados de octubre pasado por el presidente Gustavo Petro quien calificó como “uno de los peores hechos de corrupción” la desactualización del inventario de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que gestiona los bienes incautados a narcotraficantes.
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Por otro lado, Tobón dijo que de los 2.346 bienes que administra el Fondo, a septiembre de 2022, más de 900 están ocupados irregularmente o deteriorados.
Igualmente, denunció que existe un alto porcentaje de bienes con arrendatarios morosos y que pese a eso el Fondo no realizó ninguna acción administrativa para recuperar el bien, ni tampoco acciones judiciales efectivas para recuperar la cartera.
Tobón enfatizó en que también encontró que el Fondo tiene rezagos y otros problemas que han impedido cumplir el objetivo de reparar a las víctimas del conflicto armado.
