Los nueve contratistas fueron secuestrados el pasado 17 de julio mientras participaban en una misión humanitaria en el municipio de López de Micay.
Una disidencia de las Farc anunció el inicio de los protocolos para liberar a los nueve contratistas de la Gobernación del departamento del Cauca secuestrados el 17 de julio mientras participaban en una misión humanitaria en el municipio de López de Micay.
“Inició el protocolo para la liberación de los 9 funcionarios retenidos por las Farc, esperamos que la fuerza pública cumpla con el compromiso de replegarse por 72 horas para así garantizar las condiciones mínimas de seguridad”, indicó el Bloque Occidental Jacobo Arenas, una fracción de las disidencias, en un comunicado.
El grupo aseguró que los secuestrados “están sanos y salvos” y atribuyó la “máxima responsabilidad” del hecho a la Gobernación, por haberlos vinculado a un proyecto de abastecimiento militar que, según los disidentes, “no corresponde con sus funciones”.
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La Gobernación del Cauca informó el jueves pasado que los secuestrados son dos hombres y siete mujeres que integraban un equipo encargado de “promover el diálogo territorial, fortalecer la participación ciudadana y facilitar el acceso a programas sociales del Estado”.
El gobernador del departamento, Octavio Guzmán, calificó el secuestro de funcionarios y contratistas de su oficina como una “clara violación al Derecho Internacional Humanitario”.
El hecho fue reivindicado por el Estado Mayor Central, la principal disidencia de las antiguas Farc, que argumentó que los trabajadores fueron “retenidos” por estar “haciendo entrega e instalación de equipos militares a miembros del Ejército Nacional”.
Reclamos por minería y control territorial
En su comunicado, las disidencias exigieron al gobernador Guzmán suspender las extracciones mineras en el Macizo Colombiano y retirar maquinaria de predios ubicados en zonas como Arbeláez y La Dampa, que, aseguran, pertenecerían al mandatario y a sus familiares.
Asimismo, pidieron a los medios de comunicación investigar los contratos de defensa financiados con recursos civiles del departamento, y aunque reconocieron que el gobierno regional decidió no continuar con el proyecto de aprovisionamiento militar, anunciaron que prohibirán el ingreso de cualquier funcionario o contratista de la Gobernación a zonas bajo su control.
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El Cauca es uno de los departamentos más golpeados históricamente por el conflicto armado colombiano e incluso después de la firma de la paz con las FARC siguió siendo escenario de violencia.
En este departamento, situado entre las montañas de la cordillera de los Andes y el océano Pacífico, son particularmente fuertes varios bloques de las disidencias de las FARC, pero también operan la guerrilla del ELN y bandas de narcotraficantes que controlan los cultivos de coca y las rutas para el tráfico internacional de drogas.
EFE
