La denuncia del acoso sexual y los abusos contra mujeres, un movimiento que en el último año se conoce como “Me Too” (yo también) se extiende por todo el mundo y se materializa ya en una mayor toma de conciencia social y en cambios legislativos.
Mientras la Justicia estadounidense tiene abierto un proceso contra Weinstein, las revelaciones sobre su modo de proceder llevaron a muchas mujeres a contar públicamente situaciones de acoso, no sólo en Hollywood, sino en empresas, instituciones y entidades culturales o deportivas.
Una de las principales batallas se dio en Estados Unidos con motivo de la nominación de Brett Kavanaugh como juez del Tribunal Supremo. El Senado finalmente aprobó la candidatura del magistrado después de que tres mujeres le acusaran de abusos sexuales en los años 80, entre ellas la profesora de psicología Christine Blasey Ford, que acudió a la Cámara Alta para narrar su versión, en un caso muy seguido por la prensa.
Las mujeres que trabajan en política tampoco son ajenas al acoso y un informe de la Unión Interparlamentaria (UIP) y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) publicado hace algunas semanas revelaba que un 25 % de las parlamentarias europeas afirma haber sido víctimas de acoso sexual en el trabajo y otro 6,2 % aseguran haber sido agredidas sexualmente.
Otra sentencia, por la que cinco jóvenes fueron condenados por abusos pero no por violación por el sexo en grupo con una chica durante los Sanfermines de 2016, generó una gran movilización y protestas en las calles de España y el anuncio del Gobierno socialista de una revisión del Código Penal para una mejor tipificación de los delitos sexuales.
Denuncias que son clave para acabar con el silencio y la impunidad y terminar con la violencia machista, proclamó recientemente la ONU con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.Efe
