El ataque que destruyó la Registraduría ocurrió horas antes de que se celebraran las elecciones regionales del pasado 29 de octubre.
Una jueza envió a la cárcel a cinco personas implicadas en una asonada a la sede de la Registraduría Nacional de Gamarra, Cesar, en la que murió una funcionaria el pasado 28 de octubre, informó la Fiscalía.
Cuatro de estas personas, detalló la institución en un comunicado, fueron imputadas por los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa e incendio, mientras que la otra fue acusada de violencia contra servidor público, cargos que no fueron aceptados y por los que la jueza los envió a prisión.
El ataque que destruyó la sede de la Registraduría, entidad que organiza las elecciones, ocurrió tan solo unas horas antes de que se celebraran las elecciones regionales y locales del pasado 29 de octubre.
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En esos comicios, los colombianos eligieron los alcaldes y gobernadores para el periodo 2024-2027, así como concejales, diputados y ediles.
Según la investigación de la Fiscalía, el 28 de octubre un grupo de personas se reunió en una estación de servicio de Gamarra, en el departamento de Cesar, para protestar contra “una decisión que consideraba contraria a sus intereses políticos”.
“Una multitud aprovechó la movilización para ingresar violentamente a la sede de la autoridad electoral, en medio de la resistencia de policías y otros funcionarios”, agregó la información.
Entre esas personas figuraba el candidato al Concejo de Gamarra Julio Rojas Marín, que “al parecer, participó en la arremetida, golpeó a la registradora municipal con puño y patadas y destrozó papeles, computadores y otros elementos”.
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Entre tanto, la Fiscalía aseguró que los demás procesados están, al parecer, involucrados en la planeación y ejecución del incendio de la oficina de la Registraduría, donde querían quemar el material electoral.
“Isaías Peña Oliveros y su esposa, Yuberlis Bermúdez Rubiano, habrían ocultado y trasladado una pimpina de gasolina en un coche de bebé. Por su parte, William Castro Torrado y Wilfrido Campos son señalados de recibir el combustible y ayudar a la persona que lo roseó e inició el fuego, que terminó por ocasionarle la muerte a una servidora, generar graves heridas a otros funcionarios e incinerar la sede de la entidad”, detalló la Fiscalía.
Igualmente, señaló el organismo, las autoridades siguen investigando para detener a una sexta persona que participó en esta asonada.
EFE
