El Estado puede llegar a pagar más de 206.000 millones de pesos por las demandas instauradas en su contra por parte de líderes sociales y defensores de derechos humanos que están amenazados y no cuentan con un esquema de protección.
Así lo manifestó la Contraloría tras un estudio en el que resalta los esfuerzos del Gobierno para proteger a los líderes amenazados, aunque lo insta a aumentar estas medidas, pues las adoptadas no son suficientes.
“Aunque la Unidad Nacional de Protección (UNP) ha hecho un gran esfuerzo para proteger la vida de los líderes sociales amenazados, se requiere una verdadera política de estado en este tema”, manifestó el contralor general, Edgardo Maya Villazón, citado en la información.
El informe detalla que entre 2012 y junio de este año “se han interpuesto 105 demandas” por un valor de 206.463 millones de pesos por parte de líderes y defensores a quienes se les negó o se les retiró esquemas de protección.
“La Contraloría consideró que son múltiples los factores que inciden en la continúa vulneración del derecho a la vida e integridad de la población amenazada, lo que exige superar el actual mecanismo de esquemas individuales para avanzar en mecanismos de prevención, control territorial y judicialización de los victimarios, entre otras”, agregó el informe.
El asesinato de líderes sociales ha tenido especial relevancia en los últimos meses tras el asesinato de varios de ellos, el último el sábado pasado cuando José Osvaldo Taquez fue atacado con arma de fuego en el municipio de Orito, departamento del Putumayo, fronterizo con Ecuador.
Según un informe de la Defensoría del Pueblo, entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de junio de este año 327 líderes sociales han sido asesinados en el país. Efe
